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Legisladores de la oposición reciben a los movimientos sociales por la emergencia alimentaria

Los movimientos sociales se concentran en el centro porteño y luego serán recibidos por los legisladores opositores

Los movimientos sociales se concentran en el centro porteño y luego serán recibidos por los legisladores opositores

SALTA (Redacción) – En medio de los reclamos y manifestaciones por la declaración de la emergencia alimentaria, legisladores de diferentes bloques de la oposición se reunirán este miércoles con representantes de los movimientos y organizaciones sociales, quienes podrían llegar a quedarse acampando en el centro porteño. Remarcan que esta sanción se volvió muy necesaria debido a la complicada situación económica producto de la crisis. La reunión tendrá lugar en el salón Delía Parodi de la Cámara de Diputados.

La jornada de manifestaciones inició esta mañana cerca de las 10 horas con una concentración masiva en las avenidas Yrigoyen y Entre Ríos. Comunicaron que a las 13:30, los representantes sociales serán recibidos en la Cámara baja por legisladores de la oposición. Cabe aclarar que esta no será la primera vez que el reclamo por la emergencia alimentaria se haga oír en las calles. El anterior miércoles también realizaron una movilización multitudinaria en la avenida 9 de julio con la misma exigencia sin obtener respuesta alguna por parte del Gobierno.

En esta oportunidad, de la manifestación participan Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la CTA Autónoma y el Polo Obrero, los mismos movimientos que se reunirán con los diputados de la oposición. La semana pasada, Leonardo Grosso, jefe del bloque del Movimiento Evita y vinculado a la CTEP, declaró: «Si el Gobierno no entiende la necesidad, vamos a construir los consensos que sean necesarios para una sesión especial y que le digan a la sociedad que votan en contra». «La emergencia alimentaria es un proyecto ley que venimos reclamando desde hace tres años y que ahora se volvió sumamente urgente», señaló el legislador. 

Grosso, es uno de los principales impulsores de la convocatoria a las organizaciones y el candidato a reelección por el Frente de Todos. «Hay un gran consenso de la oposición para aprobarlo y necesitamos que el Gobierno entienda la gravedad del problema», agregó. La exigencia de los movimientos sociales es apoyada y respaldada por varios intendentes bonaerenses, como por ejemplo, la candidata a vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario.

En este sentido, encabezados por la intendenta de La Matanza, los jefes municipales entregaron una carta, firmada por casi cincuenta líderes comunales, a la gobernadora María Eugenia Vidal. Allí le exigieron a la máxima autoridad provincial que declare la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires, una de las zonas más afectadas por la crisis económica. “Creemos necesario que se aumente significativamente la cantidad de alimentos a las familias que han quedado desempleadas, jubilados que no cubren sus gastos a fin de mes y comedores barriales”, comienza el pedido.

Además, expusieron como necesario «incrementar los cupos en los comedores escolares y, en relación a los colegios secundarios y de formación de adultos, iniciar la apertura de los mismos». «En su carácter de gobernadora, debe asumir la responsabilidad de hacer frente a la crítica situación que enfrentan cada vez más niños, niñas, jóvenes y adolescentes en edad escolar, abuelos, abuelas y comerciantes», sostienen los jefes municipales sobre Vidal. El reclamo al Gobierno Nacional y provincial por la sanción de la ley de emergencia alimentaria no solo se puede escuchar en las calles sino también en las instituciones.

La legislación para declarar la emergencia no es un pedido nuevo, ya que fue exigida por la oposición desde el año 2017, pero se convirtió en el reclamo más prioritario al Gobierno debido a la fuerte crisis económica y financiera desatada tras la corrida cambiaria luego de las elecciones. La última vez que se aplicó en el país fue por la crisis del 2001 y duró hasta el 31 de diciembre de 2002. La Ley propone la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el incremento de las partidas presupuestarias para merenderos y comedores comunitarios, y la distribución de 10 mil millones de pesos para asistencia.

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