El Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires habilitó un fallo judicial presentado por defensores generales para que se avance con la prisión domiciliaria de los detenidos que integren grupos de riesgo ante el coronavirus. De esta manera, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, adelantó que “van a ser más o menos 800” los beneficiados con la medida. Por lo tanto, los detenidos podrán transitar este período de cuarentena obligatoria en sus domicilios.
Detalles del fallo para la población de riesgo
El hábeas corpus colectivo que se habilitó apunta a los detenidos por delitos leves que tengan más de 65 años. Además, será destinado a quienes tengan problemas de salud, mujeres embarazadas o con hijos menores alojados en los distintos penales bonaerenses. El mencionado funcionario judicial precisó que ante la situación de emergencia sanitaria desde el 16 de marzo se hicieron “más de 2.800 solicitudes” de prisión domiciliaria. Luego señaló que los jueces “admitieron menos del 40 por ciento”.
En este sentido, explicó que tras la medida inédita “van a ser más o menos 800” los detenidos beneficiados. Sin embargo, aclaró que se trata de presos que integran los considerados grupos de riesgo ante la pandemia. “Hay distintos mecanismos” para custodiarlos detalló. En ese punto, destacó: “Brazaletes magnéticos, la designación de una persona garante, una consigna policial o el seguimiento del Patronato del Liberado“.
De esta manera, el procurador general de la Provincia de Buenos Aires aclaró que “no van a salir” presos de máxima peligrosidad. En esa misma línea admitió que los beneficiados serán los acusados o condenados por “delitos menores”. Teniendo en cuenta el avance del virus COVID-19 en el país y en ese territorio, prevén que esta decisión evite la propagación en cárceles. Por lo tanto intentan proteger a quienes se encuentran entre los grupos más expuestos.
El caso del ex vicepresidente
Como bien recuerda El Intransigente, el lunes pasado le otorgaron la prisión domiciliaria al exvicepresidente Amado Boudou. Sin embargo, a menos de 48 horas y en medio de las críticas de la oposición, un fiscal apeló esta resolución. Se trata Marcelo Colombo, quien decidió apelar el fallo judicial que le concedía este beneficio al dirigente kirchnerista. El exfuncionario se encuentra condenado a cinco años y diez meses de prisión por la causa Ciccone.