SALTA (Redacción) – En el día de ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que enviaría al Congreso una ley para poder expropiar a la empresa aceitera Vicentín. La medida, según Fernández responde a ser parte de una empresa testigo en el ámbito alimentario, también se dijo que es una búsqueda de la soberanía alimentaria. Sin embargo,desde Federsal no tomaron de esa manera la medida y rechazaron la iniciativa del Gobierno Nacional.
En esa línea es que la Federación de Entidades Rurales Salteñas emitieron un fuerte comunicado donde rechazan la decisión del Gobierno de «expropiar Vicentín o cualquier otra empresa». A su vez, destacaron que los argumentos expuestos desde presidencia, «faltan a la verdad» dado que la expropiación no asegura «soberanía alimentaria», ni «mantener puestos de trabajaos» sino que esconde la necesidad de más intervención estatal en la actividad privada.
«La soberanía alimentaria se logra y consolida a través de políticas que fomenten la producción y la inversión, no mediante aumento de retenciones a las exportaciones, tipo de cambio diferenciado e imposibilidad de acceso al crédito. Los puestos de trabajo se crean y mantienen con más federalismo y reglas claras, no con prohibiciones y persecuciones del fisco», señala fuertemente el comunicado de los ruralistas salteños.
A su vez sostienen que la medida tomada responde a «una política de gobierno de mayor intervención en la economía generando distorsiones que ya vivimos en el pasado reciente y que han demostrado su fracaso», señalaron desde Ferdersal. El comunicado está firmado por Ignacio García del Río (SRS) , Miguel Medina (APL NOA), Ignacio Pisani (FEDERSAL) y Lucas Norris (PROGRANO).
Las irregularidades de Vicentín
El Banco de la Nación Argentina (BNA) le brindó un crédito a la Empresa Vicentín durante la gestión de Javier González Fraga en el Gobierno anterior. El préstamo implicaba la suma de 18.370 millones de pesos, donde el 78 por ciento de la deuda le pertenece a esta institución financiera. El siguiente acreedor de la agroexportadora es el Banco Provincia, pero muy alejado a este con unos $1.623 millones. La empresa jamás presentó un plan de pago de la deuda, además está siendo investigada por una serie de triangulaciones vinculadas a la fuga de divisas.
