SALTA (Redacción) – Otra vez es noticia el abuso y el fraude ejercido por personas con poder sobre grupos vulnerables de la provincia. En este caso, cuatro funcionarios de la administración pública están acusados de fraude y extorsión en Embarcación. En ese sentido, explicaron que los funcionarios captaban a personas carenciadas, en su mayoría que formaban parte de pueblos originarios, y les tramitaban planes sociales para quedarse con parte del dinero.
Con respecto a este caso, días atrás, a través de celulares recuperados, se descubrieron audios y fueron expuestos por el fiscal federal Eduardo Villalba. Esto sucedió durante una audiencia pública en la que se ampliaron los cargos contra Moya, Pabloff, el secretario del club norteño, Jesús Tarqui, y la prosecretaria de la entidad deportiva, Nancy Romero. Además, descubrieron que para hacer lo que hacían, tramitaban falsos aportes societarios a estas personas y les imponían multas y trabajos para su propio beneficio.
Uno de los casos que se conocieron a través de estos audios es el de una beneficiaria quien se negó a volver a seguir siendo expoliada. Por este motivo, ordenaron bloquearle la tarjeta repetidas veces como castigo. «Hay que cansarla a ella para que no cobre… cada cinco días la volvemos a bloquear… te lo digo: hay que cansarla de bloquearla», se escucha en el audio. En este audio se escucha a Moira Pabloff, pareja del presidente del club Central Norte de Embarcación, Jorge Moya.
Fraude y condiciones
Según informó fm 98.8, se obligaba a estas personas a realizar trabajos y obligaciones inauditas para beneficios de estos funcionarios. Algunas veces ordenaban vender una cantidad determinada de cartones de bingos para no sufrir penalizaciones dinerarias. También los obligaban a cortarle el cabello de manera gratuita al comisario de la localidad. Luego de un largo tiempo llevando a cabo este tipo de acciones, surgieron los primeros indicios de estas regularidades. Esto se conoció por un allanamiento al club el pasado 30 de abril.
Más obligaciones inauditas
Además, se descubrió que los funcionarios aplicaban multas cuando estas personas no hacían lo que ellos pedían. Así se escucha en varios audios en los que se escucha hablar de penalizaciones monetarias a gente que no asistía a reuniones. Por otro lado, solicitaban que a muchos beneficiarios se les exigía posteos permanentes en redes sociales a favor de Moya o del club. A su vez, controlaban que se cumplan o realizaban amenazas.
