SALTA (Redacción) – El atropello institucional vivido durante las sesiones legislativas en Catamarca provocaron un gran revuelo en todo el país. Al parecer, el actual gobernador, Raul Jalil, le importa más aumentar su poder que tratar proyectos que beneficien a la sociedad durante el contexto de emergencia sanitaria por la que atraviesa la provincia. La disolución del Consejo de la Magistratura y el aumento en el número de integrantes de la Corte de Justicia, convertirían al Poder Judicial en un apéndice del Poder Ejecutivo.
La pandemia y la concentración del poder
La situación epidemiológica en Catamarca vino como una buena cortina de humo para las polémicas decisiones tomadas por Jalil. En cuanto se hizo eco la gravedad política en la provincia catamarqueña, todo el país, especialmente los bloques opositores, arremetieron contra el oficialismo. Sin embargo, tal como lo informó El Aconquija, la pandemia le sirvió al gobernador para salir del ojo de la tormenta y que la atención se desvíe hacia la Fase 1 y el nuevo brote de contagios.
La oposición manifestó su descontento de distintas formas. Una de las que más repercusiones tuvo fue la carta abiertal del exlegislador macrista, Carlos Molina hacia Raúl Jalil. En la misma pedía que vete las leyes probadas en la legislatura y solicitó que “demuestre a los catamarqueños que no comparte ni las dictaduras ni que existan aprovechadores del poder circunstancial que el pueblo les dio”.
“De usted depende, gobernador, Raúl Jalil, y de su decisión firme de vetar esas leyes, que la violación institucional de la Provincia y el asesinato de la Justicia no se produzca en forma definitiva y descarada», manifiesta la carta. Además, llamó al mandatario a mantener un diálogo con la oposición un diálogo para mejorar la selección de jueces y la independencia del Poder Judicial. «Si usted no veta estas leyes, afectará el derecho de las minorías», sentenció Molina.
Un fallo con intenciones políticas
Otro atropello del Gobierno de turno en Catamarca tuvo como víctima a la ministra de Salud, Claudia Palladino. Según lo publicado en El Aconquija, el fallo de la Corte Suprema de Justicia penaliza económicamente a la funcionaria. Se la obliga a pagar $200 diarios a una mujer hasta que dé cumplimiento a un fallo que data de diciembre del 2019. Esto es fuertemente criticado, debido a que el fallo tienen de fondos intereses políticos y responden directamente al Gobernador Jalil.