SALTA (Redacción) – Miles de familias de todo el país ayer celebraron que el acceso al tratamiento por fibrosis quística quedó a un paso de convertirse en Ley. En este caso, la iniciativa obtuvo dictamen en la reunión de varias comisiones del Senado de la Nación. A pesar de ello, el titular del Ministerio de Salud, Ginés González García, expresó sus reparos al respecto. Durante su intervención, advirtió que los términos de la propuesta podrían desencadenar presentaciones judiciales.
Este proyecto de Ley, que ya contaba con media sanción en la Cámara de Diputados, formó parte del temario de la asamblea conjunta de las comisiones de Salud, Presupuesto y Hacienda, y Trabajo y Previsión Social. Ante ello, los legisladores le concedieron la palabra al funcionaria para que emitiera su valoración del documento. Sin embargo, las críticas contra diversos puntos del texto resultaron insuficientes para cambiar la decisión de los dirigentes. Por ese motivo, se concedió dictamen y, en consecuencia, adelantaron que durante la sesión que realizarán mañana podrían aprobarlo.
Fibrosis quística
En relación a la propuesta para declarar de interés nacional la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis, González García primero resaltó el costado efectivo de esta iniciativa. «Lo importante es que el medicamento parece que funciona bien y que lo estamos haciendo una política nacional», afirmó. Igualmente, le solicitó a los senadores que «miren con mucho detenimiento los artículos 5, 6, 7 y 13». «Me parece que ahí está el nudo de cosas que son muy difíciles de cumplir», advirtió.
En esa línea, el ministro sostuvo que los apartados son «contrarios a tratados internacionales sobre discapacidad y leyes nacionales sobre medicamentos. A raíz de ello, mencionó que podrían existir «inconvenientes de forma». No obstante, aclaró que desde la cartera nacional están «absolutamente de acuerdo en hacer una política más enérgica y consistente respecto de la enfermedad fibroquística». Al mismo tiempo, calificó a esta dolencia como «dura». «Entiendo los problemas y las circunstancias», añadió.
«Si bien tiene la intención de proteger a las personas, es una Ley con inequidad», formuló. En ese orden, González García sostuvo que «es exigible y aplicable a la estructura del sistema nacional». «Es decir, quedan fuera de la ley las obras sociales provinciales y, por supuesto, los que no tengan obras sociales de ninguna especie», mencionó. «Entendemos el espíritu de la ley, pero me parece que es una muy buena intención con muy pocas posibilidades de ser concretada. «Creo que. tal como está, sería un interminable conflicto tribunalicio y muy difícil de ser cumplido por casi ninguna institución», concluyó.
