SALTA (Redacción) – La empresa Vicentin fue el motivo que desató una polémica que volvió a intensificar el debate y fraccionar a la sociedad. Casi como echarle leña al fuego, la palabra del Presidente motivó posturas encontradas que se hicieron sentir en las calles. Voces que apoyaban y otras que rechazaban la intención de expropiar una de las empresas más importantes del país. Banderazos por aquí y por allá.
Luego de un mes y medio del sorpresivo anuncio en Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández decidió anular por DNU la intervención y expropiación de Vicentin. La firma del decreto fue publicada a través del Boletín Oficial ya que el Gobierno dio marcha atrás en la decisión que había tomado. Los mismos aducen una «obstrucción» que también involucra al juez responsable de la causa.
Cabe recordar que son diez las empresas cerealeras concentran el 91 por ciento de las exportaciones de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales del país. De las diez, seis son extranjeras, y reúnen el 63% del volumen exportado. Las cuatro de origen local suman el 28%. Vicentin es una de esas cuatro empresas y la sexta entre las diez primeras en volumen exportado.
El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía.
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
El trasfondo
Por su parte, el Presidente cargó contra los accionistas de la agroexportadora y sostuvo que es inviable salvar la empresa. «Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo», remarcó Fernández en las redes sociales.
Según voces que trascienden, lo que genera resistencia no es la expropiación, sino que el Estado intervenga en esa multimillonaria fuente de dólares. “La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”, agregó. Al mismo tiempo, recordó el estado de falencia que caracteriza a la empresa en el presente.
«En estas condiciones no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, insistió el jefe de Estado. Finalmente, aseguró además que dio instrucciones a “todos los organismos públicos involucrados” para que lleven adelante acciones civiles, comerciales y penales para “preservar los intereses del Estado”.
El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo.
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
