SALTA (Redacción) – A pesar del paso del tiempo, hay debates históricos que merecen una discusión aparte ya que una y otra vez vuelven a estar en boca de todos con justa razón. Es el caso de la edad de imputabilidad en el país. La demanda por una equiparación legal que sustente la gravedad de los hechos en miras a impartir justicia y penas ejemplares, se intensifica conforme la inseguridad amenaza a todos los rincones del país.
En esta oportunidad, el tenso debate vuelve a salir a flote tras el asesinato de un turista armenio en Retiro. Según fuentes policiales, el principal acusado de cometer el delito es un menor de 15 años. Tras el trágico hecho, desde Juntos por el Cambio, insistieron en la «necesidad» de modificar el Régimen Penal Juvenil. Tal y como informó El Intransingente, fue la oposición quien reavivó los cruces.
Precisamente, se trata una ley que intentó modificar hace poco más de un año pero se trabó en el Congreso. Baja de edad de inimputabilidad y acompañamiento estatal, son los principales puntos de la iniciativa que hoy y siempre dividen las aguas en la comunidad.
¿Qué dice la legislación local?
En aquel entonces, el Poder Ejecutivo presentó en el Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad que nunca avanzó. Actualmente, el artículo 3 de la Ley 22.803 -creada en 1980- es contundente. El mismo estipula que los menores de 16 a 18 años de edad no pueden ser detenidos o cumplir prisión preventiva. Al contrario, establece que deben ser destinados a «establecimientos especializados» para atravesar la prohibición de la libertad.
De este modo, los jueces no pueden dictar penas sino que designan a los jóvenes a los conocidos «institutos de menores». Allí prevalecen hasta cumplir la mayoría de edad y puedan ser juzgados por la Justicia. Ante este marco normativo, el 6 de marzo de 2019 el Gobierno nacional elevó a Diputados una iniciativa de cien artículos. A lo largo del escrito, el eje puesto en disminuir la edad de imputabilidad.
«Venimos a proponer un sistema de responsabilidad penal juvenil que sustituya una deuda histórica del Estado, de más de 39 años, con los jóvenes en conflicto con la ley penal», señaló el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Martín Casares, en la presentación ante la Cámara baja. Por su parte, el escrito aún se mantiene en comisiones sin registrar movimiento alguno.
Las modificaciones que buscan instalar
Al respecto del documento, el mismo propone que los menores sean responsables penalmente a partir de los 15 años. En esta línea, apunta contra aquellos que cometan algún delito cuya pena máxima sea mayor a quince años. Entre estos delitos se encuentran el robo con arma de fuego, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo, violación y homicidio, A su vez, el artículo 2 dispone que también son condenables los menores de 16 y 17 años.
En este ítem particularmente, se incluyen a quienes hayan cometido algún delito que supere los dos años de pena según el Código Penal. En los considerandos, el documento precisa además, que el proyecto de ley «no implica una baja de edad». Frente a ello, propone la creación de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil homogéneo y a nivel federal. Se espera que éste responsabilice a los adolescentes «únicamente por los delitos más graves taxativamente enumerados».
La paz social y la contención como objetivos de la ley
De esta manera, el Estado se hace cargo de «restablecer la paz social así como de atender los casos extremos que denotan que aquél adolescente llegó a perpetrar tales delitos con motivo de una situación extrema de vulnerabilidad que también requiere de atención». En esta línea, el proyecto, destaca la importancia de que el niño, niña o adolescente pueda tener una función constructiva en la sociedad.
Por este motivo, propicia que aquél repare el daño causado, realice actividades comunitarias o se capacite profesionalmente. Además, prevé que sólo frente a la comisión de delitos graves se aplique la pena privativa de la libertad como último recurso. Para ello estipula como primera respuesta al delito, «sanciones socioeducativas y disciplinarias, dejando las sanciones privativas de libertad como última ratio del sistema», expresa el documento que presentó el gobierno de Mauricio Macri.
Organismos de control
Para el correcto abordaje de la problemática, el Ejecutivo impulsó la creación de equipos interdisciplinarios que aborden la problemática desde diversas áreas y trascienda el ámbito judicial. Además, señala que el juez será el encargado de realizar un seguimiento personal de cada caso, con visitas regulares y realizando informes periódicos. No obstante, el proyecto dispone la creación de la Oficina Nacional de Información de Niñez y Adolescencia -dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que corrobore que la norma se cumple.
Casos de referencia en el mundo
Por otra parte, el Ejecutivo argumentó que la legislación se adecua a las disposiciones decretadas en la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 23.849). Precisamente, detalla que la norma vigente se promulgó diez años antes de que se publique esta última. Asimismo, precisa que en Latinoamérica varios de los países que dictaron un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil lo fijaron en 14 años (Chile, Colombia y Paraguay); 13 años (Costa Rica) y 12 años (Perú). En tanto que en Europa, Francia lo fijó en 13 años, mientras que en España, Alemania, Austria e Italia es de 14 años.
Ya detuvimos a uno de los atacantes que mató al ciudadano armenio. Es hora de discutir la Ley Penal Juvenil, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra. Tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida y que están dispuestos a todo.
— Diego Santilli (@diegosantilli) December 8, 2020
