SALTA (Redacción) – Tras una sesión maratónica y vigilias multitudinarias en los últimos días del 2020, el Gobierno del presidente Alberto Fernández promulgará la legalización del aborto el próximo jueves con un acto en el Museo del Bicentenario.En dicho evento, también se promulgará la ley del Plan de los 1000 días, que busca dar acompañamiento durante el embarazo y la primera infancia.
Cabe recordar que la iniciativa del aborto legal se convirtió en ley el pasado 30 de diciembre, tras un intenso debate en la Cámara de Senadores. La presidenta de la Banca Mujer del senado, Norma Durango, una de las comisiones que dictaminó el proyecto de Ley de aborto en la Cámara alta, confirmó la noticia esta mañana. Según informó Agencia NA, el gobierno nacional prepara un acto oficial para este jueves 14. El objetivo es promulgar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de los Mil Días.
En tanto, la legisladora pampeana del Frente de Todos manifestó también que recibió la invitación por parte de la Ministra de Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. La misma invita a un acto que se realizará el oficialismo en el Museo Bicentenario. La reglamentación y promulgación está a cargo de la ministra Gómez Alcorta, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. También de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.
Las fisuras y vacíos legales de la ley
Tal y como recordó El Intransigente, esta semana la ley cumple 10 días hábiles desde su sanción en el Senado, el 30 de diciembre pasado. Precisamente, se trata del plazo requerido para que entre en vigencia. Aunque la reglamentación de la ley no siempre es necesario para que se aplique, esta vez si lo amerita debido a los cambios que negoció el oficialismo con sectores provida. Cabe recordar que para la aprobación definitiva del Senado, se requiere de ese procedimiento. Esto se debe a que s e trata de acuerdos que no fueron plasmados en el texto final.
Esa negociación abre incógnitas sobre el alcance que efectivamente tendrá la nueva ley. También pone en duda cómo será el seguimiento de los profesionales, establecimientos de salud, localidades y provincias donde haya objetores de conciencia. Asimismo, también resta saber cómo se garantizará la derivación en los sectores públicos y privados cuando se trate de profesionales objetores. Por último, también hay dudas sobre qué sucederá con la definición de “salud integral”, que incorporó la ley para las causales de aborto no punible.
