SALTA (Redacción) – El escándalo de la vacunación VIP en el Ministerio de Salud de la Nación, puso a Argentina como noticia internacional. Fue tal el alcance de esta irregularidad que derivó en la renuncia del ministro Ginés González García y en su reemplazo por Carla Vizzotti. En el marco de una repercusión desmedida, desde la ONG Human Rights Watch, que se ocupa de los derechos humanos, criticaron a Argentina. Tampoco pasaron por alto a Perú, donde ocurrió algo similar.
Según informó la agencia NA, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, criticó en su cuenta oficial de Twitter las situaciones de Argentina y de Perú. De hecho, las calificó como un abuso. Aludió a principios de derechos humanos en cuanto al reparto de las vacunas contra el coronavirus y estableció nuevos objetivos.
«Según principios de DDHH, el orden de acceso a la vacuna debe ser trasparente y basarse en criterios de salud pública, no en afinidades ideológicas o cargos de gobierno. Ante escándalos en Perú y Argentina, gobiernos de la región deben establecer salvaguardas para evitar más abusos», señaló Vivanco respecto a la vacunación VIP.
Más de 400 personas vacunadas irregularmente en Perú
Según recordó El Intransigente, en Perú, la vacunación VIP estalló hace dos semanas. Si bien al principio solo había involucrado al expresidente Martín Vizcarra, luego se descubrió que también tuvo responsabilidad el actual gobierno transitorio, liderado por Francisco Sagasti. El presidente explicó que fueron 487 las personas vacunadas de manera irregular.
Las autoridades peruanas detallaron oficialmente que en ese listado figuran 122 funcionarios públicos. De este total, se supo que 16 pertenecían al actual gobierno y ya fueron separados de sus cargos. Algunos de ellos fueron Pilar Mazzetti, ministra de Salud, Luis Suárez Ognio, viceministro de Salud que se vacunó junto a algunos familiares, y Elizabeth Astete, canciller.
