SALTA (Redacción)- El Tribunal Oral Federal N° 5 devolvió el control de sus hoteles y propiedades a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en las causas Los Sauces y Hotesur, donde se los investiga por supuesto lavado de dinero. La decisión de levantar la intervención judicial y devolver a los Kirchner la administración de sus empresas fue tomada por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que decidieron poner veedores judiciales. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia.
En el juicio se tratará de determinar si la familia Kirchner lavó dinero a través de empresarios que recibieron dinero producto de contratos con el Estado mientras gobernó el kirchnerismo y que con parte de ese dinero alquilaron viviendas y hoteles de su propiedad.
La causa “Hotesur” tiene 14 acusados y “Los Sauces”, 25. Los imputados que tiene en común, además de la ex presidenta y sus hijos, son Lázaro Báez y su hijo Martín; Víctor Manzanares, contador de los Kirchner; Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria familiar; Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la ex presidenta e hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y el escribano Ricardo Albornoz. En “Los Sauces” también están acusados los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y otros dos hijos de Báez.
Obligado, el mismo juez que le concedió el arresto domiciliario a Amado Boudou y luego lo revocó sin que se ejecutara esa decisión, y Grünberg, perteneciente a Justicia Legítima, entendieron que con el mantenimiento de la intervención judicial se estaría avanzando sobre la presunción de inocencia de los Kirchner.
Grünberg y Obligado escribieron que “las encartadas y el encartado (Máximo, Florencia y Cristina Kirchner) se encuentran también amparados/as por el reconocido principio constitucional de inocencia, es dable advertir que la gravosa medida cautelar aquí en estudio debido a su prolongada extensión temporal, entra plenamente en colisión con el goce del derecho de propiedad”.
En disidencia, la jueza Palliotti dijo que se deben mantener las empresas intervenidas judicialmente hasta el juicio oral y público. Pues la idea es “conservar y preservar el cuantioso patrimonio cuyo origen” es investigado, afirmó, para señalar que el juicio oral es “el único escenario para establecer con certeza las consiguientes responsabilidades penales de los imputados y de esa manera definir el destino final del patrimonio”.
Para la jueza, «la existencia de otras medidas menos gravosas, como podrían ser el embargo o la inhibición de bienes de los acusados o la designación de veedores, no resultan suficientemente abarcativas y eficientes, teniendo en consideración que se tratan de bienes que generan ‘frutos’, que deben ser resguardados hasta que se defina la situación procesal de las personas involucradas en los hechos objeto de imputación».
