SALTA (Redacción) – La pandemia afectó a distintas ramas de la economía. Rubros como el del transporte fue uno de los más castigados. Con avances y retrocesos muchas empresas que se dedican al traslado de personas a lo largo del país lograron reactivar su actividad. Sin embargo en la misma linea siempre tuvieron a la par otras empresas desarrollando de manera ilegal una actividad que hoy los afecta directamente.
Empresas que antes de la pandemia del coronavirus desarrollaban una actividad ilegal tales como los famosos «tours de compras», se vieron afectadas ante las restricciones que impuso el Gobierno Nacional. A raíz de esto tomaron la determinación de realizar cortes en la Rotonda de Torzalito, en inmediaciones de la Ruta 34, conexión directa con la provincia de Jujuy. Los cortes se vienen realizando de manera sistemática perjudicando a empresas que tienen boletos autorizados para ejecutar y pasajeros que están en la Terminal a la espera de llegar a su destino.
El conflicto lejos de solucionarse cuenta con más agravantes, quien conoce la zona sabrá que en el lugar hay cañaverales que ante los cortes de rutas de estos transportistas ilegales terminan siendo «atajos» para las demás personas que intentan circular. Filas interminables de camiones que esperan ser «autorizados» para pasar, y la decisión irrebatible de prohibir la circulación a los colectivos regulares, dejando pasajeros varados en medio de la ruta, es una escena que no parece quitarle el sueño a ninguna autoridad.
Tanto autoridades gubernamentales como judiciales competentes en el caso no mostraron interés alguno en resolver el conflicto, aún cuando este es un perjuicio para empresas que están autorizadas a circular y a trasladar pasajeros, y desde luego a estos últimos que apuestan llegar al destino elegido por el que ya pagaron su pasaje. Además sumado a ello la incertidumbre de si efectivamente el viaje se concretará a futuro pues las amenazas de nuevos cortes está latente de manera permanente.
Mientras, según pudo saber Salta4400 al menos tres empresas de colectivos regulares, ajustadas a derecho, han presentado denuncias penales en contra de estas acciones que atentan directamente contra su actividad impidiendo la libre circulación y por sobre todo desarrollar un trabajo enteramente lícito, que en épocas de pandemia y crisis económica no debería verse afectado aún más.
