SALTA (Redacción) – Amistades son amistades y poner la mano en el fuego es una característica particular en este sentido. Sorprendemente, y a pesar de la renuncia de Verónica Saicha, en ningún momento se habría presentado una denuncia formal en su contra. El Intra volvió a revelar los pormenores del poder político salteño y como ser amigo del gobernador es un verdadero beneficio.

En situación, dentro del oficialismo salteño nadie niega lo acontecido y están enfocados fuertemente en política de control de daños. La situación puntual es que el hurto efectuado por Saicha fue despedida de su cargo como secretaria de Justicia. El evento se dio en la localidad de San Lorenzo en el Almacén del Emprendedor.

Más allá del hecho puntual, nadie confirma cuáles son los detalles de aquella presunta rapiña. Lo más grave de todo es que el hecho nunca fue efectivamente denunciado. A esto se agrega que lo hecho por Saicha fue notificado y conocido por un alto funcionario del saenzismo. También sorprende que ni las propietarias del local comercial hayan querido denunciarla.

A esto se agrega que en el Código Procesal Penal, a través del artículo 177, rige la obligación de denunciar a los funcionarios públicos. «Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio. Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones», se detalla específicamente.

Justicia inmóvil

A su vez, a todo esto genera un gran asombro que la Justicia ni siquiera actúe de oficio. Por eso vale la pena preguntarse qué es lo que está ocurriendo efectivamente en esta provincia. ¿Qué es lo que evita que se hagan las denuncias pertinentes? Debería actuar, al menos, para conocer si existió de delito y qué motivos llevaron a que este delito no llegue a la Justicia. A menos que el procurador general Pedro García Castiella haya intervenido personalmente para que estos delitos no se investiguen no se explica el porqué está negativa a avanzar judicialmente.