SALTA (Redacción) – Uno de los principales requisitos que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo alcanzado con el Gobierno argentino es eliminar algunos subsidios y aumentar aproximadamente un 60% el valor de las tarifas eléctricas. Este es uno de los puntos más álgidos para el oficialismo porque avalar esta suba de precio en el servicio de la luz es una contradicción con su pensamiento.
Al contrario de estas exigencias, Alberto Fernández rechazó este pedido excepcional del Fondo y aseguró que el máximo que está dispuesto a ceder es un incremento del 20% en el precio de las tarifas eléctricas, con una segmentación entre los usuarios con mayor capacidad económica. Esto podría complicar las avanzadas negociaciones con el organismo financiero, el cual ingresará a la Cámara de Diputados en los próximos días.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó una propuesta en la cual se establece que el déficit fiscal 2022 será de 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI). El staff del FMI apoya este porcentaje pero la gran incógnita es cómo avanzarán con la reducción del gasto. Julie Kozack y Luis Cubeddu, los personeros del FMI en Argentina, exigieron un aumento del 60% de las tarifas eléctricas, lo que se traduce en otras palabras, una reducción de los subsidios en este servicio.
Lógicamente, seguir estos requisitos del FMI implicaría hacer un ajuste en la economía, un concepto poco apreciado por el kirchnerismo y difícil de que lo implementen. Es que políticamente viene flojo Alberto Fernández y los números no lo respaldan. Aplicar esta política podría empeorar aún más su situación. Asimismo, internamente tampoco está muy claro el panorama ya que Cristina Kirchner y su hijo Máximo rechazan el modo se está llevando la negociación.
Ante todo este panorama complejo y de gran tensión, para el jefe de Estado es fundamental alcanzar este acuerdo para evitar que el país entre en default. Dicha situación no sólo sería un dolor de cabeza para el Gobierno sino también para los empresarios que necesitan inversiones para seguir produciendo. El proyecto ingresará por Diputados y el poder final lo tiene Cristina Kirchner en el Senado. Se vienen días de alta tensión y que definirán el futuro de la gestión del Frente de Todos.
