SALTA (Redacción) – El Partido Justicialista parece que comienza a reorganizarse después de la durísima derrota sufrida contra Javier Milei en el balotaje. Durante la jornada de ayer lanzaron un comunicado advirtiendo sobre la gravedad de la Ley Ómnibus y del DNU decretado por el presidente argentino. Para el órgano partidario del peronismo esto no hace más que agravar el panorama.
Se trata de una iniciativa que promueve una durísima desregulación de la economía política. A su vez, deroga también múltiples leyes laborales y empeora las condiciones de los trabajadores. Además de todo esto, el Partido Justicialista aclara que esto abre la puerta al proceso de privatización de las empresas públicas en detrimento de la soberanía nacional.
«Lejos de plantear una solución a la grave situación que atraviesa nuestro país, el proyecto enviado agrava los problemas de los argentinos imponiendo un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que ya ha sido aplicado en otros momentos de la historia, y que provocó enormes tragedias sociales», recordaron desde el órgano justicialista.
El presidente quiere ser un déspota
Por otro lado, también denuncian y alertan que el presidente pretende apropiarse las facultades legislativas sin respetar la Constitución ni la división de poderes. A su vez, «reduce la representación de las provincias en el Congreso, dando por tierra con la paridad de género y la multiplicidad de voces». Desde el Partido Justicialista señalan que el Gobierno pretende reprimarizar la economía, eleva retenciones y pone en venta ls patrimonios de todos los argentinos.
«También, justifica el despido de miles de trabajadores del sector público que actualmente sostienen políticas públicas que resultan esenciales para garantizar derechos; permite la entrada de tropas extranjeras al país sin autorización del Congreso; dispone la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES al Tesoro Nacional para utilizar la plata de todos los jubilados en la timba financiera; y elimina la fórmula jubilatoria para establecer aumentos discrecionalmente por decreto».
En otras palabras, desde el órgano justicialista se repudió la criminalización de la protesta social, la limitación del derecho a huelga y la posibilidad de encarcelar a quienes organicen reuniones de tres o más personas en un espacio público. «Consideramos a estas medidas como un avasallamiento de derechos democráticos que se encuentran estipulados en los tratados internacionales, y que implicaría reinstaurar el Estado de sitio en nuestro país. Lejos de representar el orden, esto conllevaría al caos social», alertaron.
