SALTA (Redacción) – Tras reconocer a Luis Arce como flamante presidente de Bolivia, todo se direcciona al posible juicio que tendría que enfrentar la ex presidenta de facto Jeanine Añez y sus ministros. Precisamente, los sucesos del año pasado en su problemática asunción al poder, dejaron más de 30 muertos en el país y se acusa a la presidenta interina de genocidio y otros delitos.
Tal y como indica El Intransigente, la Asamblea Legislativa de Bolivia, dirigida por el partido del expresidente Evo Morales, aprobó la disposición que prevé la recomendación de llevar adelante un proceso legal contra la presidenta interina Jeanine Áñez y sus ministros. Los desencadenantes serían los conflictos sociales del año pasado que dejaron una treintena de muertos.
«La #ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) aprueba informe final sobre las masacres de Senkata, Sacaba y Yapacaní, que recomienda un juicio de responsabilidades Jeanine Áñez por genocidio y otros delitos», dijo el Senado en un comunicado. Como señaló AFP, en una sesión conjunta de la Cámara de Diputados y el Senado, los legisladores aprobaron la medida con dos tercios de sus miembros presentes.
También aprobaron «procesos penales contra 11 ministros y exministros por la vulneración de derechos y garantías», acotó el Senado. Para ello, se basaron en el trabajo investigativo de una comisión legislativa controlada por el partido Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales. La misma investigó por varios meses los incidentes registrados en varios puntos del país entre octubre y noviembre de 2019.
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— Senado de Bolivia (@SenadoBolivia) October 30, 2020
La #ALP aprueba informe final sobre las masacres de Senkata, Sacaba y Yapacaní, que recomienda un juicio de responsabilidades a Jeanine Añez por genocidio y otros delitos; y procesos penales contra 11 ministros y exministros por la vulneración de derechos y garantías. pic.twitter.com/Gb6m0MulcQ
Los antecedentes de la investigación contra Añez
Tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019 -que luego fueron anuladas-, se desataron protestas opositoras en todo el país. En aquel momento, emergieron denuncias de fraude a favor del entonces presidente Morales, quien aspiraba a ser reelegido hasta 2025. Primero se registraron choques entre civiles y luego de manifestantes y fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas en varias regiones. Morales renunció el 10 de noviembre y salió al exilio, primero a México y luego Argentina.
Tras ello, la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que durante esos incidentes se registraron unos 35 muertos y los incidentes más graves se dieron en el poblado de Sacaba, en la región central de Cochabamba. También identificaron incidentes en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz. Cabe recordar que, el gobierno provisional de Añez aprobó un polémico decreto. El mismo eximía de responsabilidades penales a los militares que participaron en las operaciones de represión bajo el argumento de pacificar el país y enfrentar supuestos actos terroristas.
El alcance de los delitos
De allí que algunos de los delitos que se le imputan es promover resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas. Según ese informe, las violentas represiones provocaron más de una veintena de fallecidos, 861 heridos y 1.831 detenidos.
La presidenta del Senado, Eva Copa, del MAS, explicó que el informe de recomendaciones será remitido a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Copa espera que la aprobación definitiva y final del juicio de responsabilidades recaiga en el próximo Congreso, que comenzará a sesionar esta semana, nuevamente con mayoría del MAS. «Se dejará el informe para que la siguiente legislatura tome la decisión si se realiza el juicio de responsabilidades o no», precisó la jefa parlamentaria, citada por el diario Correo del Sur.
La democracia responde a la pregunta «quién manda». La respuesta es «manda la mayoría». La Libertad responde a la pregunta «hasta dónde manda esa mayoría». La respuesta es «hasta donde marca la ley». Por eso cambiar leyes para mandar más, va contra la libertad. https://t.co/NG0yGKDJ2H
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) October 28, 2020
Por su parte, la canciller Karen Longaric citó la posibilidad del juicio en una nota enviada el pasado jueves a la ONU, la Unión Europea y a la Organización de Estados Americanos (OEA). Allí denuncia un comportamiento antidemocrático del futuro gobierno de Arce. Dijo que espera que puedan adoptar acciones para prevenir acciones «autoritarias» del gobierno de Arce.
Mientras tanto, Añez no se quedó atrás y se expresó a través de las redes.
El MAS me inicia juicios. Soy inocente de sus acusaciones, sólo pido una investigación imparcial. Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia. Me debo a las familias bolivianas, por ellas hicimos los bonos controlamos el virus y sostuvimos la democracia, aquí estoy y doy la cara.
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) October 30, 2020
