SALTA (Redacción) – Al parecer la pandemia destapó una crisis estructural y fuertemente arraigada al suelo de Norte argentino: la pobreza y la corrupción. En este sentido, la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, concretó nuevas imputaciones provisionales a seis funcionarios más. Estas tuvieron lugar en el marco de la muerte de dos hermanos de la etnia wichí, fallecidos en marzo pasado.
Los mismos están imputados por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autores. Cabe recordar que estas nuevas imputaciones, se suman a la de Mercedes Susana Ávila, quien se desempeña como Coordinadora de la Niñez (Formación de desarrollo integral), en Santa Victoria Este, departamento Rivadavia.
Los acusados son: el agente sanitario Nelson Américo Andrada; los supervisores de zona, Mateo Talimpe y Víctor Rubén Palomo; el encargado de atención primaria de la salud, Gregorio Moreno; el licenciado en nutrición, César Adrián Murillo y el médico Edgar Machicao. En este sentido, durante las respectivas audiencias de imputación, se abstuvieron de declarar Mateo Talimpe, Víctor Rubén Palomo y Nelson Américo Andrada. Mientras tanto, Moreno, Murillo y Machicao, prestaron declaración el pasado viernes 22. Los tres fueron asistidos por una defensora oficial.
La Fiscalía también hizo constar que todo lo expuesto en esta instancia no quita la determinación de responsabilidades que eventualmente pudieren surgir en la estructura jerárquica tanto provincial como nacional. De esta manera, se ha dejado claro que la lista de imputados podría tener un mayor alcance. Además, podría involucrar a funcionarios de todo el sistema político a los que pudiese caberles responsabilidad.
Versión oficial
Retomando las actuaciones remitidas en enero pasado por la Procuración General de la Provincia de Salta, la Fiscalía Penal puso en marcha este procesamiento que expresa que “en posterioridad al 20 de marzo de 2020, Mercedes Susana Ávila, quien se desempeña como Coordinadora de la Niñez (Formación de desarrollo integral) y el agente sanitario Nelson Andrada, se dirigieron a la vivienda ubicada en Vertientes Chicas, a treinta kilómetros aproximadamente de Santa Victoria Este”. Precisamente, fue allí donde el hijo de un año de edad, había fallecido.
La imputación profundiza aún más, ya que aclara que “al entrevistarse con los padres del menor fallecido, Mercedes Susana Ávila y el agente sanitario Nelson Andrada constataron que otra hija, de cinco años de edad, se encontraba en grave estado y requería asistencia médica. Pese a ello, no arbitraron los medios pertinentes para que la menor fuese asistida de inmediato”. De hecho, la niña finalmente falleció el 26 de marzo de 2020. “En el certificado de defunción se consignó como causa de fallecimiento “shock séptico”, aseguran.
También surge de las actuaciones que el licenciado César Adrián Murillo, el encargado de Atención Primaria de la Salud Gregorio Moreno y el supervisor de zona Rubén Palomo, no efectuaron los controles correspondientes en relación al estado de salud de los menores mencionados. En tanto, el médico Edgar Machicao radicó una denuncia penal en la que hizo constar que la causa del deceso del menor, de un año, fue “gastroenteritis con deshidratación severa”, sin que ese diagnóstico le constara debidamente.
Declaraciones de los acusados
Las versiones de los imputados que si declararon, dejan entrever otros cabos sueltos propios del sistema de salud en el interior. De hecho, Moreno dijo que la familia cuyos dos hijos fallecieron, estaba calificada como de “Prioridad 3”, según las normativas establecidas por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia. Dicha normativa, según el acusado, fija que las familias en Prioridad 1, son visitadas una vez cada tres meses; las de Prioridad 2, dos veces en tres meses; y las de Prioridad 3, tres veces en tres meses.
Por su parte, Murillo dijo que en el Área Operativa 8, hay unas 3 mil familias de los cuales, unos 2500 son menores de 6 años y que la mayoría de ellos, son de pueblos originarios, con necesidades básicas insatisfechas y en estado de alta vulnerabilidad. Asimismo, recuerda que la única ambulancia disponible estuvo abocada al traslado de otro menor y que no estaba en el lugar, para llegar al domicilio de Las Vertientes. Finalmente, aclara que solicitó a la policía del lugar que lo trasladara hasta allí, en cuatro oportunidades. Primero le dijeron que el móvil debía volver de un operativo y luego, que debían cargar combustible. El móvil partió más tarde con Ávila y Aranda.
Un dato no menor que Murillo expresó es que desde que se decretó la Emergencia Sanitaria por COVID, en marzo pasado, las comisiones con recursos humanos y movilidad de Nación y Fundaciones, volvieron a sus lugares de origen. Tras ello, quedó una sola ambulancia disponible para toda el Área Operativa 8 y que la estrategia territorial debió reorganizarse con recursos humanos locales.
