SALTA (Redacción) – Con el impacto del Coronavirus en Argentina, todos los esquemas terminaron dando un giro 360 °. La justicia no quedo exenta, teniendo que adecuarse a los protocolos dispuestos por la ley, en miras a prevenir contagios y muertes por el virus en el país. En este marco, se dispusieron extremos cuidados para los “grupos de riesgo”. Los mismos incluyen a los mayores de 60 años y a personas con alguna condición de salud de base.
Es el caso del ex juez Raúl Reynoso, quien está condenado a 13 años de prisión por delitos de concusión y prevaricato. El mismo gozaba del beneficio de prisión domiciliaria desde el inicio de la cuarentena, por ser mayor de 60 años y padecer diabetes. Sin embargo, se conoció que el Tribunal Oral Federal 1 resolvió revocar la prisión domiciliaria. Por ello, se procedió e jectuar al retorno del acusado a una celda en el Complejo Penitenciario III del Servicio Penitenciario Federal.
La decisión es en respuesta a un pedido realizado por el Fiscal de Transición, Carlos Amad, quien llevó adelante la acusación en el juicio a Reynoso. El fiscal solicitó que, transcurridas las medidas sanitarias dispuesta en el marco de la pandemia COVID-19, se disponga nuevamente la remisión a la unidad carcelaria del condenado. Como fundamento de este pedido, hizo alusión al peligro de fuga y la magnitud de la pena impuesta.
Una mancha más al tigre…
Cabe recordar que Reynoso enfrenta un segundo juicio a través del cual el fiscal general Carlos Amad solicitó una condena de 10 años de prisión para el ex magistrado. Se le imputan los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público y concusión. También solicitó cuatro años de cárcel para el narcotraficante Delfín Castedo, el abogado Luciano Ciscato y el empleado judicial Miguel Saavedra.
Fue en marco cuando el Tribunal Oral Federal 2 -presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado junto a Domingo Batule y Abel Fleming- dio paso a los alegatos. En aquel momento, el fiscal valoró la investigación previa que permitió llegar al juicio y que dejó en evidencia los delitos cometidos por Reynoso desde el juzgado federal de Orán, con la connivencia de empleados, abogados y otros funcionarios.
