SALTA (Redacción) – Hace algunas semanas se conoció el caso de un trabajador que dejó expuesto al engranaje municipal. El mismo fue investigado por estafar a usuarios en nombre del Tribunal de Faltas. De hecho, el mismo aducía tener contactos en el Tribunal de Faltas. En esta línea, requirió al denunciante una suma de dinero para solucionar la infracción que tenía por un accidente de tránsito en que estuvo involucrado su rodado.
En aquel momento, el damnificado abonó la suma solicitada por el imputado, quien entregó un oficio para retirar el rodado del organismo municipal. Tras realizarse la investigación pertinente, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado. Juicio en el que el Juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional a Ramiro Gustavo Rivero.
Rivero fue imputado por el delito de estafa y falsificación del instrumento público, todo en concurso real. El magistrado también lo inhabilitó por seis meses para ejercer cargos públicos. Cabe recordar que el instrumento resultó ser falso tras ser rechazado por el Tribunal Administrativo de Faltas interviniente, al advertir que los sellos y firmas no se corresponden a los verdaderos, lo que causó un perjuicio patrimonial a la víctima.
La génesis de la denuncia
La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la denuncia radicada por Lucía Inés Zapata Usandivaras. La mismo lo hizo en su carácter de Jueza de Faltas de Tercera Nominación y subrogante de Cuarta Nominación. La misma recordó que escuchó a una sumariante decir: “¿Se siguen dando oficios a los particulares para que retiren vehículos de los canchones?”.
Por este motivo y al chequear el documento, se dio con que las firmas y sellos impresos en la documentación no eran los reales. Asimismo, hizo constar que el oficio en cuestión posee el número perteneciente a un levantamiento de secuestro otorgado el 9 de diciembre de 2019. Se corroboró en el sistema con el número de acta y se observó que pertenece al Juzgado de Primera Nominación y que no tiene resolución.
Hay gato encerrado
En tanto, el denunciante también radicó una denuncia en la que refirió que es personal del área de Infantería de la Municipalidad. Paralelamente, indicó que el 18 de enero, en inmediaciones del Pasaje Zorrilla Y Juramento de la Ciudad de Salta, su vehículo Volkswagen Power colisionó con otro vehículo. En aquel momento, personal de Tránsito Municipal dispuso que el rodado quedara secuestrado en el predio de la Municipalidad ubicado en Avenida Paraguay, a disposición del Tribunal de Falta.
El denunciante sostuvo que el 23 de enero se presentó ante el Tribunal de Faltas y le informaron que su deuda era aproximadamente de $30 mil. Fue entonces que se comunicó con el imputado que se desempeña en el CCM para consultarle los pasos a seguir para poder retirar su vehículo. A su vez, le consultó si tenía conocimiento de si había planes o descuentos por pago voluntario.
Fue así que el imputado le comunicó que tenía un compañero que trabaja para el tribunal y que podía realizar todos los trámites por el monto de $5500. De esta manera, podría retirar el vehículo en dos semanas. Fue así que se pactó una reunión en una empanadería que queda frente al Centro Municipal, donde entregó el efectivo y las copias de cédula verde. Además, entregó la licencia de conducir, título del vehículo, el formulario 08 y el comprobante de lo adeudado emitido por el ente.
Posteriormente recibió un mensaje por “whatsapp” del acusado, quien le expresó que los papeles estaban listos y lo citó afuera de las instalaciones de Tránsito Municipal, en calle Santa Fe N° 545. El denunciante se presentó y el imputado le entregó un oficio donde refería que su vehículo estaba listo para ser liberado. Le explicó que debía ver a un “motorista” para que se encargue del diligenciamiento.
Todo fue una farsa
Fue recién cuando consultó, cuando se dio con la novedad que el oficio en mención no existía en la base de datos del Tribunal. Por ello, atento a lo ocurrido se presentó por ante la magistrada interviniente, Lucía Zapata Usandivaras, para explicarle lo ocurrido. Dejó constar que fue víctima de un estafa y que actuó con desconocimiento de cómo se maneja el área administrativa.
Fue por esa razón que busco asesoramiento. Finalmente, un allanamiento realizado en el domicilio del imputado, permitió el secuestro de documentación valiosa para la causa.