SALTA (Redacción) – A lo largo de la cuarentena obligatoria se produjo un considerable aumento de las denuncias por abusos policiales. Sin embargo, los casos de violencia institucional en Salta no comenzaron con la imposición del Decreto 255. En este oportunidad, surgieron novedades de una causa judicial que ya posee más de siete años. Precisamente, esta mañana pidieron que diez efectivos de la capital vayan a juicio.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, reactivó este caso, que data del 2013. Ante ello, oportunamente requirió ante el Juzgado de Garantías 8 que esta decena de agentes provinciales enfrenten un proceso penal. Justamente, Álvaro Belázquez, Gabriel Chumba, José Gómez, Carlos Jaime, Adriana Macarof, Mario Ocampo, Luis Olivera, Marcos Rodríguez, Andrés Vega y Jorge Vilca están imputados como coautores del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia.
Abusos policiales
Este episodio de violencia institucional ocurrió el 5 de julio de 2013. En esa ocasión, la víctima participó de un partido fútbol 5 en un complejo del barrio Castañares. Posteriormente, compartió gaseosas y un vino con un grupo de padres de niños que asistían a la escuela de fútbol «Los Gallitos». Sin embargo, la tranquilidad de estas personas se alteró con la llegada de varios patrulleros al predio. Según los testigos, los oficiales no solo increparon al sujeto «en forma descortés y con total abuso de autoridad». También, ratificaron que lo habían obligado a abandonar el lugar.
Ofuscado por la situación, el damnificado vociferó: «¿Por qué no van a ver a aquellos que venden drogas?». No obstante, los uniformados redoblaron la apuesta ante las palabras del sujeto. En primera instancia, los testigos mencionaron que cuatro o cinco efectivos lo redujeron y comenzaron a propinarle golpes de puños. A su vez, indicaron que también agredieron a otros los adultos que estaban presentes. Como si fuera poco, denunciaron que uno de los policías tomó el auto de uno de los padres y llevó a los niños hacia sus hogares.
Posteriormente, los agentes trasladaron a la víctima para que el médico de la Policía provincial revisara a los detenidos. Sin embargo, el periplo no finalizó allí, ya que luego lo llevaron al Hospital San Bernardo, a la Subcomisaría de Castañares, a la salita del barrio Castañares, nuevamente a la dependencia policial, a la Comisaria 6°, a la salita de Vaqueros y, finalmente, al San Bernardo. A raíz de ello, la fiscal estableció que la conducta de los uniformados representó una «violación de su dignidad y la integridad personal» de la víctima.
