SALTA (Redacción) – A lo largo de la cuarentena obligatoria se produjo un considerable aumento de las denuncias por abusos policiales. Sin embargo, los casos de violencia institucional en Salta no comenzaron con la imposición del Decreto 255. En este oportunidad, surgieron novedades de una causa judicial que ya posee mĆ”s de siete aƱos. Precisamente, esta maƱana pidieron que diez efectivos de la capital vayan a juicio.
Desde el Ministerio PĆŗblico Fiscal indicaron que la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, reactivó este caso, que data del 2013. Ante ello, oportunamente requirió ante el Juzgado de GarantĆas 8 que esta decena de agentes provinciales enfrenten un proceso penal. Justamente, Ćlvaro BelĆ”zquez, Gabriel Chumba, JosĆ© Gómez, Carlos Jaime, Adriana Macarof, Mario Ocampo, Luis Olivera, Marcos RodrĆguez, AndrĆ©s Vega y Jorge Vilca estĆ”n imputados como coautores del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia.
Abusos policiales
Este episodio de violencia institucional ocurrió el 5 de julio de 2013. En esa ocasión, la vĆctima participó de un partido fĆŗtbol 5 en un complejo del barrio CastaƱares. Posteriormente, compartió gaseosas y un vino con un grupo de padres de niƱos que asistĆan a la escuela de fĆŗtbol Ā«Los GallitosĀ». Sin embargo, la tranquilidad de estas personas se alteró con la llegada de varios patrulleros al predio. SegĆŗn los testigos, los oficiales no solo increparon al sujeto Ā«en forma descortĆ©s y con total abuso de autoridadĀ». TambiĆ©n, ratificaron que lo habĆan obligado a abandonar el lugar.
Ofuscado por la situación, el damnificado vociferó: «¿Por quĆ© no van a ver a aquellos que venden drogas?Ā». No obstante, los uniformados redoblaron la apuesta ante las palabras del sujeto. En primera instancia, los testigos mencionaron que cuatro o cinco efectivos lo redujeron y comenzaron a propinarle golpes de puƱos. A su vez, indicaron que tambiĆ©n agredieron a otros los adultos que estaban presentes. Como si fuera poco, denunciaron que uno de los policĆas tomó el auto de uno de los padres y llevó a los niƱos hacia sus hogares.
Posteriormente, los agentes trasladaron a la vĆctima para que el mĆ©dico de la PolicĆa provincial revisara a los detenidos. Sin embargo, el periplo no finalizó allĆ, ya que luego lo llevaron al Hospital San Bernardo, a la SubcomisarĆa de CastaƱares, a la salita del barrio CastaƱares, nuevamente a la dependencia policial, a la Comisaria 6°, a la salita de Vaqueros y, finalmente, al San Bernardo. A raĆz de ello, la fiscal estableció que la conducta de los uniformados representó una Ā«violación de su dignidad y la integridad personalĀ» de la vĆctima.


