SALTA (Redacción) – Recientemente conocíamos un aluvión de reclamos por parte de la población de presos y sus familiares. Los mismos manifestaban su repudio ante algunas irregularidades en los protocolos de bioseguridad y el pedido de prisión domiciliaria para ciertos casos. Finalmente, tras algunos motines y muertes de por medio, la Asociación de Pensamiento Penal y Organizaciones de Derechos Humanos de la Provincia presentaron un pedido de informe al Ministerio de Seguridad de Salta, a cargo de Juan Manuel Pulleiro.
Según consigna el DDN, el pedido de informe se apoya en los reclamos en curso por parte de personas privadas de su libertad. Incluye a quienes están en la Unidad Carcelaria N°1 de Villa las Rosas y de la Alcaldía General de la Provincia. Martín Plaza, abogado de la Asociación, expresó que este pedido busca que se publique información certera y oficial sobre los reclamos en curso. En este sentido, son tres los mismos además de la huelga de hambre por parte de las mujeres en el Penal de Villa Las Rosas.
La negativa del Poder Judicial ante la crítica situación carcelaria
Cabe recordar que el defensor general Pedro García Castiella, presentó hace semanas un habeas corpus colectivo. El mismo fue acompañando por la Asociación a través de un amicus curiae, pero finamente fue rechazado. “El poder Judicial en estos últimos meses vienen siendo claro con distintas resoluciones judiciales. No van a tomar decisiones que tengan que ver con modificar las condiciones de las personas que están privadas de la libertad respecto al cambio de modalidad vinculado con el contexto sanitario”, manifestó Plaza.
En una entrevista brindada a FM Noticias 88.8, el abogado recordó que ya desde marzo elevaron una nota similar a la presentada actualmente. Allí acercaron las recomendaciones que se habían emitido por parte del Comité Interamericano de Derechos Humanos, el Comité de Tortura de la ONU, el Comité Nación de prevención contra la tortura, entre otros organismos.
“La situación carcelaria es crítica en el país y la región. Hay que tomar decisiones tanto el ámbito administrativo como judicial para prevenir que sean focos de infección masivo. Venimos solicitando al Ministerio de Seguridad que habilite mecanismos de diálogo con representantes de las personas privadas de la libertad, representantes de Derechos Humanos y representante de los trabajadores y las trabajadoras del servicio penitenciario. La ideas es poder pensar respuestas integrales a una problemática que avizorábamos hace seis meses antes”, analizó.
Superpoblación carcelaria y silencio de la gestión provincial
Al respecto de la prisión domiciliaria, Plaza consideró que hubo mucha tergiversación mediática, ya que no hubo una liberación masiva de presos. En esta línea, explicó que hubieron modificaciones en la modalidad domiciliaria. De hecho, se evaluaron en casos concretos los delitos: la gravedad del delito, incorporar la decisión de la víctima, verificar el cumplimiento del domicilio, entre otras recomendaciones.
“Algo que es indiscutible, que reconocieron todos los tribunales, es que la situación de sobrepoblación es crítica, que a mayor o menor medida se repite en todo el país y ante eso había que tomar decisiones”, adelantó. Por ello, agregó que hay una gran cantidad de personas que están privadas de su libertad sin ninguna condena firme. Al respecto, consideró que “hay una gestión provincial que no está siendo para nada proclive a escuchar las distintas demandas vinculadas con la ampliación de derechos de los sectores populares en general”.
Finalmente, Plaza sostuvo que hay un sistema penitenciario que está hecho para castigar y no para resocializar por lo que, sabiendo el estado en el que se encontraba, se podrían haber tomado decisiones para mitigar el problema.