SALTA (Redacción)- El pasado jueves, en horas del mediodía, eran detenidos 5 personas acusadas de fraude a la administración pública, exacciones ilegales agravadas y asociación ilícita, del registro Civil de Salta. 48 horas después, se supo que gracias al accionar de un juez, fueron beneficiados con prisión domiciliaria.
En una resolución, el Juez de Garantías N° 2 Ignacio Colombo, envió a sus casas a los integrantes de la organización que se dedicaba a la venta no autorizada de actas de nacimiento, matrimonio y otra documentación perteneciente al Registro Civil de Salta.
El Juez Ignacio Colombo, está a cargo del Juzgado de Garantías Nº 2 y de acuerdo a los dichos, el argumento presentado para darle este beneficio a los acusados, fue la ausencia de un riesgo procesal para la causa. El grupo delictivo está integrado por los abogados Marcelo Gerardo Romero, Sub-Director del Registro Civil, y Aldo Daniel Gómez, Asesor Legal; junto a los empleados de archivo Mauro Cristóbal Paz y José Daruich, además del permisionario de estacionamiento medido José Waldo Mercado.
Los cinco, fueron detenidos luego de una importante tarea llevada adelante por los Investigadores del CIF, en la que se comprobó el accionar de la banda relacionada con fraude a la administración pública, exacciones ilegales agravadas y asociación ilícita. Las investigaciones revelan la complicidad de cuatro funcionarios públicos con altos cargos que en convivencia con un discapacitado permisionario, captaba ciudadanos para la venta de actas de matrimonio, de nacimiento y defunción. De igual manera comercializaban los trámites oficiales y exentos de pagos a kioscos aledaños.
Todo esto, determinó que la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio solicitara los correspondientes allanamiento y detención de las cinco personas, además de imputarlos posteriormente, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y concusión -en un número indeterminado de hechos-, en concurso real y en calidad de coautores.
