SALTA (Redacción) – Por el pedido del fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, la jueza Mariela Giménez dictó la orden de captura internacional del ex teniente coronel Carlos Ignacio Cialceta. El exmilitar está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado de un dirigente peronista durante la última dictadura.
El fiscal Amad solicitó la prisión preventiva del ex jefe militar el pasado marzo. Lo realizó luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocara un fallo que lo beneficiaba con la falta de mérito en el marco de una causa penal seguida en su contra por delitos de lesa humanidad. Y en consecuencia, la jueza del Juzgado Federal N° 2 ordenó la detención y dispuso medidas para determinar el paradero del ex militar.
Sin domicilio y peligro de fuga
«Se pudo establecer que Cialceta, según un informe de la Gendarmería Nacional, se hallaba ausente de su último domicilio. Con el agravante de que su pareja informó que el acusado ya no vivía más en dicho inmueble y desconocía dónde estaba», explicaron desde la Fiscalía. Por esta razón se emitió el pedido de captura nacional e internacional. En tanto, también remarcaron que el ex militar está procesado por su participación en el asesinato de un dirigente peronista.
El asesinato que sucedió el 10 de agosto de 1976 lo denunció la pareja del político salteño. En su declaración relató cinco sujetos encapuchados llegaron a su casa en General Mosconi y secuestraron a su esposo. Se lo llevaron luego de golpearlo duramente frente a sus cuatro hijos. Allí metieron a la víctima en un auto que partió rumbo a Tartagal. «Más tarde, el cuerpo del dirigente fue hallado sin vida en el paraje Acambuco, a 20 kilómetros de Mosconi. Presuntamente había sido dinamitado por una carga explosiva de Gelamón, el mismo explosivo que días antes había sido utilizado para eliminar a otros compañeros», detallaron.
Por último, el fiscal Amad sostuvo que como el imputado se habría valido de la estructura estatal a los fines de la comisión de crímenes. “Por su entidad son considerados de lesa humanidad, resulta factible que, ante la magnitud de la posible condena a recaer, que como ya se adelantó será de ejecución efectiva, el procesado opte por evadir la acción de la justicia”, alertó.
