SALTA (Redacción) – Tres dirigentes de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (ATRES) terminaron condenados por estafar varias personas con sus planes sociales. Así lo determinó el Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta en el marco de un juicio abreviado contra los acusados por defraudación a la administración pública. En consecuencia, recibieron penas de tres, dos y un año de prisión de ejecución condicional. Además de pagar una enorme «reparación del daño» a las víctimas de la estafa.
«Deberán pagar 489 mil pesos, suma en la que está incluida la devolución del dinero que percibieron mediante engaños de los beneficiarios afectados», precisaron desde la Fiscalía. En tanto, para los damnificados «se convino un pago resarcitorio de 5 mil pesos para cada uno». Cabe señalar que los dirigentes se desempeñaban en ATRES. Uno de ellos era titular de esa asociación y de la Federación de Trabajadores Agrarios. Pero también cumplía la función de asesor en el Senado de la Nación.
Reparación para un puesto sanitario de Rosario de Lerma
La Unidad Fiscal Salta informó que llevó adelante la investigación desde agosto del año pasado. Por su parte, la fiscal federal Paula Gallo presentó el acuerdo y también impuso el pago de una suma de dinero en materia de reparación del daño y reglas de conducta. «Entre ellas fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados. Y no tener contacto con las víctimas de la maniobra fraudulenta», detallaron.
«Se acordó también el pago de otros 211 mil pesos, dinero que será destinado a un puesto sanitario en la localidad de Rosario de Lerma», agregaron. Las personas afectadas por estas maniobras pertenecen a ese municipio. La fiscal resaltó que la resolución del conflicto no sólo compense a los afectados directos sino también a toda la comunidad. Por otra parte, explicó que se comenzó a actuar por la denuncia radicada por algunos afectados en la comisaría local.
Beneficiarios amenazados y estafados
Sobre las denuncias indicaron que se sumaron otras realizadas ante Gendarmería Nacional. «Allí revelaron que, desde julio de 2020, los tres hombres se dedicaban a captar a personas en situación de vulnerabilidad. Con el objeto de tramitar beneficios sociales del Estado Nacional, específicamente el Salario Social Complementario», precisaron sobre la maniobra fraudulenta.
En tanto, a cambio de esas gestiones por planes sociales, exigían a las víctimas un pago mensual de mil pesos de esos fondos estatales. «En otros casos se quedaban con la totalidad de dos salarios, en ese entonces de $8.500. Además de ello, las personas que recibían, a medias, estos beneficios eran obligados a realizar tareas para la asociación sindical», completaron sobre la estafa de los gremialistas.