SALTA (Redacción) – La Policía de la provincia notificó que varios efectivos de División Rural incautaron «gran cantidad de madera de bosque nativo» en un caso de tala ilegal. Y señalaron que durante otro operativo en la misma zona secuestraron dos armas de fuego. Por este motivo, la fuerza de seguridad detuvo a cuatro personas que quedaron a disposición de la Justicia. Este episodio tuvo lugar en el municipio de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia.
Cabe detallar que los operativos los concretaron miembros de la División Policía Rural y Ambiental. Junto a Protección de Bienes Culturales de la sede de Tartagal, que le corresponde el control en el amplio territorio de estos departamentos del norte provincial. Según indicaron las autoridades, concretaron múltiples operativos que derivaron en secuestro de maderas, herramientas y armas de fuego.
En este sentido, relataron que mientras patrullaban la zona de monte cerca del paraje La Delicia sorprendieron a dos personas que se encontraban realizando tala ilegal de bosque nativo. Por esta razón, la Policía labró un acta de infracción por transgresión del artículo 91 de la Ley Contravencional. Esto se debe a que estaban extrayendo palo santo, una especie que se encuentra protegida. También les secuestraron una motosierra y «gran cantidad de madera», aseguró la fuerza provincial.
Tierras ancestrales y tala prohibida
En el lugar no está permitido el desmonte ni la tala, y tampoco la caza de animales. Sin embargo, son actividades que se practican habitualmente. Por otra parte, la Policía apuntó que más tarde, durante un control vehicular sobre la ruta provincial N° 5 a la altura del paraje La Estrella detectaron en el interior de dos vehículos una escopeta y una pistola. Como sus portadores no tenían la documentación de estas armas, se les labraron actuaciones penales por supuesta tenencia y portación ilegal de armas de fuego.
Cabe remarcar que estos bosques nativos están dentro del territorio de los ex lotes fiscales 55 y 14. Los cuales se encuentran en un proceso de titularización a favor de las comunidades indígenas de la zona que lo habitan ancestralmente. De este modo lo dispone la sentencia dictada en febrero de 2020 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí ordenaron al Estado Argentino, a través del Estado salteño, entregar el título único de propiedad de 400 mil hectáreas a los pueblos indígenas que lo ocupan.