SALTA (Redacción) – Este jueves se notificó que el fiscal Eduardo Sylvester formuló, ante la Corte Nº1, una fuerte acusación en contra del fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón. Por mal desempeño y graves irregularidades en diferentes casos, apuntaron desde el Ministerio Público Fiscal. «Solicitó que se inicie el proceso a fin de que sea removido del cargo que ostenta y se lo inhabilite para ocupar cargos públicos», precisaron.
De esta manera, el organismo provincial detalló que el fiscal que inició el jury se basó en seis hechos. «Vinculados con mal desempeño por demoras en casos de abusos sexuales. De violencia de género. Irregularidades en el manejo de dinero secuestrado. Órdenes en causas de otras provincias y coacción a gendarmes e inoperancia e ineficacia procesal en un robo con armas», enumeraron. Además señaló un juicio político solicitado anteriormente contra el fiscal de Salvador Mazza y «las sanciones y sumarios que pesan sobre el funcionario denunciado».
Fuertes acusaciones
En cuanto a las «demoras en casos de abusos sexuales», la denuncia realtó que en uno de ellos: «La madre de una niña de 15 años con retraso madurativo denunció un hecho de abuso. Que tuvo como testigo a una hermana y que fue amenazada por el agresor». «La denuncia fue puesta en conocimiento de Jorge Cazón el 30 de marzo de 2017. No obstante el gravísimo tenor de la denuncia, el Fiscal no realizó ninguna medida procesal hasta el 29 de abril de 2019″, indicó Sylvester.
Por otra parte, sobre el caso de violencia de género agregó más detalles. «En un expediente por violencia, abusos y privación ilegítima de la libertad, el fiscal Cazón y la defensa llegaron a un acuerdo para solicitar juicio abreviado a favor del imputado». Sin embargo, al citarse a la mujer víctima del delito, dijo que en los días previos al acuerdo “la llamó al celular de su padre un número que desconocía, le dijo que era el Fiscal y le dio a entender que si ella le daba plata o tenía sexo con él, el imputado iba a seguir preso”.
Irregularidades en el manejo de dinero secuestrado
«En por lo menos dos causas por tenencia de estupefacientes para comercialización, el fiscal Cazón omitió cumplir con la ley 7838. Que lo obliga a hacer el depósito del dinero secuestrado en una cuenta bancaria», denunció el fiscal denunciante. Allí agregó: «En una de ellas, el juez interviniente rechazó un pedido de devolución del dinero. No obstante lo cual Cazón mediante una confusa llamada telefónica indujo a un efectivo policial a devolver el dinero. Aún cuando el expediente ya había sido elevado a juicio».
Finalmente, apuntó que en ocho casos en los cuales funcionarios de Gendarmería o Migraciones realizaban un control en la frontera, se detuvo a ciudadanos que tenían pedido de captura. Los cuales eran ordenado por tribunales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy.
«Ante las dificultades para contactar con los juzgados respectivos, se consultó al fiscal Cazón. Lejos de reconocer su incompetencia y absoluta falta de jurisdicción en esos casos, decidió por sí mismo, sin consulta a los jueces de las causas y dispuso la libertad de los detenidos. Los gendarmes hablaron de presión, insistencias constantes, coacciones y consecuencias jurídicas si no sucedía lo que él pedía», detalló el fiscal Sylvester.
Regla de conducta reiterada
En tanto, lamentó que las «irregularidades en el manejo de los expedientes y la inidoneidad del fiscal Cazón constituyen una verdadera regla de conducta reiterada a lo largo del tiempo». Allí enumeró que en 2016, se pidió el juicio político del fiscal Cazón por su desastrosa investigación en el caso de la violación en banda en perjuicio de la niña wichi.
Además, en 2017, el ex Procurador General, aplicó al Fiscal Cazón la sanción de multa del 15 % de su remuneración por no haber producido avances en la investigación en un conflicto gremial. Y en el mismo sentido, en 2019, se aplicaron al fiscal Cazón las sanciones de suspensión por el término de 20 días y multa del 20% de su sueldo.
«Actualmente, se encuentran en trámite ante las Fiscalías de Impugnación cuatro sumarios administrativos dispuestos por Procuración General y numerosas denuncias en contra del Fiscal en cuestión, que están en trámite en esa sede», concluyó.