SALTA (Redacción) – El Ministerio Público Fiscal notificó que la acusación contra una curtiembre de San Lorenzo es por «desobediencia judicial». Esto es porque regían medidas “de suspensión temporaria del uso del agua subterránea». Ya que el recurso natural «interviene en el proceso productivo de la firma». Además, tenían que suspender «el vuelco de efluentes al Arroyo Isasmendi«. Sin embargo, un vecino de la zona reveló que esto no se cumplía.
Como consecuencia, el fiscal Penal N° 2, Ramiro Ramos Ossorio, ordenó «distintas diligencias» al respecto para investigar la denuncia de un vecino de San Lorenzo. «Contra la curtiembre Luaju SRL por desobediencia judicial», precisó el organismo provincial. «En su acusación, el particular hace referencia a la medida tomada por el juez de Cámara Marcelo Domínguez». Este último había rechazado el recurso presentado por el Ministerio Público que solicitó la «suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza la firma».
Una contaminación ambiental en San Lorenzo que no se detiene
En este sentido, recordaron que el magistrado Domínguez consideró que «el bien jurídico que se pretendía cautelar ya se encontraba suficientemente resguardado». Porque tenía en cuenta «las medidas adoptadas por la Secretaría de Recursos Hídricos». Este organismo dispuso «la suspensión temporaria del uso del agua subterránea que interviene en el proceso productivo de la curtiembre y del vuelco de efluentes al Arroyo Isasmendi».
No obstante, de acuerdo a la demanda del vecino de Atocha que cita el fiscal: «Se continuarían vertiendo efluentes en el Arroyo Isasmendi». «Y para respaldar la denuncia, presentó cuatro videos que fueron grabados en presencia de personal policial. Fotografías del arroyo, la pileta y del ducto vertiendo un líquido rojo», advirtió el funcionario judicial. Debemos señalar que este caso de contaminación ambiental lleva más de 10 años.
Como consecuencia, Ramos Ossorio ordenó distintas diligencias: «Entre ellas, el pedido de pericias al Cuerpo de Investigadores Fiscales, toma de muestra bioquímica del agua de la salida del caño. Para verificar cambios al vertirse en el caudal de agua y después del contacto con el agua del arroyo, entre otras».
Finalmente, recordó que el 3 de septiembre pasado, el Ministerio Público recurrió a la Corte de Justicia para frenar las actividades industriales contaminantes que lleva adelante Luaju SRL. «En defensa y protección del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general», señaló el organismo en su pedido al máximo tribunal de Salta.
