SALTA (Redacción) – Tres exintegrantes del Ejército Argentino y otros cuatros miembros que pertenecían a la Policía de Salta que habían cumplido funciones bajo el Proceso de Reorganización Nacional conducido por las Fuerzas Armadas fueron procesados por delitos de lesa humanidad. El fiscal Carlos Martín Amad fue quien impulsó las acusaciones desde el área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal de Salta.
De esta manera, los procesamientos fueron establecidos por la jueza federal Mariela Giménez, quien les impuso también un embargo preventivo cada uno de los imputados por delitos de lesa humanidad de 300.000 pesos. Luis Dubois era miembro de la plana mayor del Destacamento de Caballería 141 y otros extenientes Librado Rubén Gamón y Carlos Alberto Arías, del Regimiento de Monte 28 de Tartagal.
A Dubois se lo procesó por ser responsable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, además por su papel de funcionario público que actuó en base de sus funciones y habiendo perjudicado a 36 detenidos. También se lo procesó por vejaciones y apremios ilegales, participado como coautor, en perjuicio de 11 personas. Mientras que Gamón y Arias están procesados por los delitos de privación de la libertad agravada por violencia y amenaza agravada.
En este marco, la jueza indicó que estas detenciones fueron llevada a cabo por individuos «fuertemente armados, uniformados, actuando con la certeza de que su accionar no sería entorpecido, ya que las víctimas se encontraban entregadas al descanso». Por parte de la Policía de Salta se proceso a Virtom Modesto Mendiaz, que era el segundo en la fuerza, y por haber privado ilegítimamente de la libertad agravada por violencia contra 16 detenidos.
A esto se le suma, aparte, que fue en concurso real con vejaciones y apremios ilegales, fueron dos las victimas en este caso. Por otro lado, Joaquín Guil, por haber sido director de la Seguridad de la Fuerza y Roberto Arredes, antiguo jefe de la División Contralor. Ambos fueron procesado por el mismo delito, habiendo vulnerado los derechos de 18 personas. El último es Ramón Jacinto Vivas, fue jefe de la comisaria de Cafayate, siendo procesado por el delito de privación de ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de tres personas que habían sido detenidas.
