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Aborto en Tartagal: el abogado de la médica asegura que hay muchas irregularidades en la causa judicial

El abogado de la médica que realizó el aborto volvió a denunciar irregularidades en la causa que investigan a su defendida.

Hospital Juan Domingo Perón
Hospital Juan Domingo Perón

SALTA (Redacción) – Una médica realizó un aborto en Tartagal, en el Hospital Juan Domingo Perón. Lo que no sabía Miranda Ruiz era que este procedimiento bajo el armazón jurídico y constitucional le complicaría la vida para siempre. Oscar Guillen es el abogado defensor de la profesional de la salud que está imputada por haber efectuado la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Si bien es cierto que el fiscal Gonzalo Vega desestimó la primera imputación por el «delito de aborto». Por lo tanto, ya no está más en discusión la cuestión de la interrupción del embarazo. No obstante, lo que sigue de pie es la imputación por «aborto sin consentimiento informado«. El abogado Guillén remarcó diferentes contradicciones que se dan en el marco de la causa contra la médica.

El defensor de la médica destacó que «nadie le describe a Lucía Miranda Ruiz cómo comete el delito del que se la acusa». El argumento detrás de esto es que se realizó un tratamiento autoadministrado, es decir, es imposible obligar a una persona que coloque pastillas debajo de la lengua. Al mismo tiempo, recordó que la mujer jamás se arrepintió de realizarse el aborto en Tartagal.

Las explicitaciones del abogado de la médica

Detalladamente, el abogado resaltó que la única acusación que sigue de pie es la del aborto sin consentimiento. El trasfondo del problema es cuando apareció la tía que fue aceptada como querella en la causa. La víctima era una persona hábil y mayor de edad, su familiar «no era representante, no era nada», aclaró. «Este tratamiento que se le dio a la requirente del aborto fue indicado por un equipo interdisciplinario integrado por 5 ó 6 profesionales, ¿por qué se imputa solamente a Miranda Ruiz?, cuando además ella es médica residente», se indagó el jurista.

A su vez, reconoció que el juez admitió que «no hay una práctica contraria a la ley». «Porque además el requerimiento decía que el aborto se había practicado más allá de la semana 14 y que eso lo convertía en delito. Ahora dice que no. Retira esa acusación y dice que lo que queda subsistente de la causa es el hecho de que la paciente se arrepintió y que Miranda Ruiz no le permitió que se arrepienta», explicó el abogado.

«Lo que debió hacer el juez es admitir parcialmente la nulidad. Porque si la primera acusación es nula, la Fiscalía dice: retiro la primera acusación. El juez no puede quedarse y decir: yo lo sostengo. Porque no hay prohibición sin acción. Si el fiscal está retirando el supuesto acusatorio, el juez tiene que convalidarlo. De mínima tendría que haber hecho lugar parcialmente el recurso», detalló el abogado que defiende a Miranda por el aborto en Tartagal.

El abogado también critica a la segunda denuncia

Por último, el abogado recordó que «una garantía de los ciudadanos es saber de qué se los acusa. Figura en todos los tratados internacionales. Toda persona debe saber detalladamente de qué se la está acusando», recrimino. De esta manera, pidió que sea más claro el trasfondo de la denuncia en contra de la medica Miranda Ruiz por el aborto en Tartagal.

«Yo le pregunto al juez y al fiscal ¿cómo es que Miranda Ruiz pudo resistir el arrepentimiento (de la paciente)? ¿Con una pistola?¿Con un garrote?¿Prometiéndole dinero? ¿De qué modo? Porque en eso consiste la imputación. Si usted me acusa de haber robado un televisor y no me dice ni el cómo ni el cuándo, ¿cómo hago yo para defenderme? Acá no hay un cómo pudo haber hecho eso Miranda Ruiz», se cuestionó.

Finalmente, aclaró que «el juez y el fiscal piensan que el médico está todo el día con su paciente. En la internación había jefes de ginecología, enfermeras, jefes de Guardia y Ruiz seguía con sus obligaciones en otros lugares. Lo que se dice es bastante arbitrario y fantasioso. Nunca se precisa en qué consisten los hechos que se consideran ilícitos».

Oscar Pedro Guillén, exsecretario de Derechos Humanos

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