SALTA (Redacción) – El legislador provincial, Javier Diez Villa, presentó un pedido de informe al Jefe de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero para que confirme si algún organismo público autorizó a la empresa OSYP a llevarse los caños del gasoducto NEA, que generó polémica con el intendente Enrique Prado. En tanto en el Concejo Deliberante sigue tratando cómo avanzar con este tema, y hay rumores de destitución.
De acuerdo a la versión que dio el mismo intendente, fue autorizado por un ministro nacional. “Por eso, para despejar cualquier tipo de dudas consultamos directamente, porque ya la situación es grotesca, es un mamarracho y da una sensación de impunidad y que vale todo”, cuestionó Diez Villa. A lo que agregó que “no se puede dejar pasar, no se pueden regalar sumas millonarias de dinero cuando sabemos la situación de crisis que atraviesa nación, provincia y los municipios en particular”.
Por otro lado, el diputado manifestó que “evidentemente hay una maniobra política para despegar a este intendente del espacio político que lidera el senador Leavy”. Con lo que se genera otro conflicto involucrando a otros políticos salteños. “Esta persona trabajó para Leavy, y hay una clara maniobra o intencionalidad a través de esta presentación de intervención para decir que no tienen nada que ver”, aseguró y ratificó que “la realidad indica lo contrario”.
¿Cómo se sigue con el tema?
En este contexto, Diez Villa sostuvo que van a seguir avanzando en el tema, “vamos obtener toda la información que resulte necesaria”. Y como si fuera poco, afirmó que “también le vamos a pedir un informe al fiscal que está interviniendo en esta denuncia porque esto es un delito federal de una magnitud económica importante”. Con lo que se genera un perjuicio al país, “se trata de un gasoducto que tenía como finalidad abastecer de gas a todo el NEA”, dijo.
Frente a lo que se viene, el legislador indicó que “no vamos a hacer una puesta en escena, vamos a avanzar cuando tengamos todos los elementos”. Asimismo, aclaró que hay que estar pendiente de lo que ocurra a nivel municipal, hay resortes y recursos dentro de lo que es la legislación municipal que le permite al gobierno y al concejo deliberante adoptar una medida sancionatoria y si se decide habrá que evaluar una intervención.
