SALTA (Redacción) – En plena cuarentena obligatoria por el coronavirus, el gobernador Gustavo Sáenz por medio del DNU 255 decidió otorgarle ciertas facultades a los efectivos de la Policía provincial que realizan los controles de cumplimiento, pero no se lo dejaron pasar. Organismos de derechos humanos denunciaron que a la fuerza se le permite avanzar con arrestos y condenas sin intervención del Poder Judicial contra aquellos que incumplen la cuarentena.
Con respaldo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que conduce Horacio Verbitsky, organismos salteños presentaron un amparo ante la Corte de Justicia local para que deje sin efecto el decreto de Sáenz por considerar que habilita a la policía a actuar «sin la intervención del Poder Judicial». Con esto, el DNU crea un «régimen excepcional sancionatorio para conductas flagrantes que transgredan», dejando en «manos del jefe de la policía provincial la facultad de detener, juzgar, sentenciar y aplicar la pena de arresto a los presuntos infractores», según publica La Política Online.
El amparo sostiene que «la imposición de una pena privativa de libertad como la que establece el DNU 255/2020, constituye, en primer lugar, una violación al derecho a la libertad ambulatoria». «Pero, además, se trata de una medida que, por su extensión y por la inmediatez en su aplicación, genera riesgos graves y concretos sobre la seguridad personal, la integridad física y la salud de las personas», advirtieron los organismos. Según los denunciantes, el decreto evita «la intervención del Poder Judicial para controlar la legalidad de la detención, ni la figura del defensor».
¿La cuarentena obligatoria lesiona las libertades individuales?
Este tema marca un antecedente muy serio y que los organismos de derechos humanos toman como leading case para evitar que este tipo de medidas se extiendan a otras provincias en el marco de la emergencia por la cuarentena, que ya ha tenido varios episodios de gobernadores e intendentes actuando al filo de la ley o por sobre ella. El caso más repetido es la prohibición de circulación, una medida que desde Nación reiteraron que es ilegal pero que se mantiene en provincias y municipios.
En muchas ciudades, además, no se permite salir a la calle en determinados horarios. Otro caso polémico es el de los permisos, como el de la Ciudad de Buenos Aires para adultos mayores o la app que lanzaron en Tierra del Fuego. Otro caso muy resonante fue el de Gerardo Morales con su idea de «marcar» las casas de las personas contagiadas con coronavirus, lo que fue comparado con lo que los nazis hacían para estigmatizar a los judíos.
