SALTA (Redacción) – Entre asentamientos y desalojos, así transcurren los últimos días en la Provincia. Las postales muestran cientos de familias tomando terrenos, reclamando viviendas dignas y en permanente cruce con las autoridades. De hecho, Ricardo Villada, aseguró que hubieron ya entre 28 y 40 intentos de usurpaciones de terrenos fiscales. En este marco, el secretario de Tierra y Bienes, Esteban Carral Cook, dialogó con Salta 4400 confirmó esta premisa y advirtió sobre la crisis habitacional postergada en la región.
El secretario aseveró que algunas tomas de terrenos se pudieron realizar, mientras que la mayoría, el 90%, no se pudo concretar. En este marco, caracterizado por una constante ebullición de las partes involucradas, explicó que entiende la postura de muchas familias, las cuales se encuentran usurpando por una necesidad habitacional.
“Ven que no existe la posibilidad a corto plazo de ningún sorteo de vivienda ni de nada y la desesperación los hace por ahí cometer algunas incongruencias como las que están cometiendo”, advirtió. Sin embargo, responsabilizó al gobierno anterior. “En los 4 años del gobierno nacional, la verdad que no hubo una planificación para llevar adelante urbanizaciones del orden social”, denunció.
En esta línea, explicó que esto no se soluciona de un día para otro. “Planificar un loteo social lleva bastante tiempo, porque el estado debe entregar los lotes sociales con los servicios indispensables en la puerta de su casa. Es el caso de los servicios de luz y agua, apertura de calles para la recolección de residuos, la demarcación correcta de cada uno de los lotes”, analizó.
La deuda pendiente
Considerando esta deuda social y habitacional, el funcionario aclaró que en los últimos cuatro años no hubo una organización de loteo social. Por este motivo, admitió que existen instrucciones precisas del Gobernador, de trabajar sobre futuros loteos en la ciudad de Salta y en el interior, donde subrayó, también hay mucha demanda y precariedad respecto a esta temática.
Debido a la incapacidad para salir por el aislamiento obligatorio, Eduardo expresó que no se pudo realizar la verificación de aptitud de los terrenos. A pesar de ello, adelantó que “es un proceso de mediano a largo plazo”. “Aquí hubo un corte en los últimos 4 años del gobierno nacional el cual impidió que se construyan o que se terminen casas, ya que hay casas que están en construcción y no se terminaron”, reveló.
Paralelamente, consultado sobre las cifras que se registran respecto a la cantidad de familias inscriptas en el Instituto Provincial de la Vivienda, IPV, declaró que son más de “cuatro mil inscriptos”. “Si tengo conocimiento que había más de 4 mil inscriptos, que están esperando los sorteos legalmente. Esto no es la ley de la selva, en el que el más fuerte, gana, por más que no cumpla con los requisitos al inscribirse en algún terreno”, denunció.
Avizorando soluciones
Haciendo foco en el territorio provincial, y su riqueza, podríamos pensar que es factible concretar mayores urbanizaciones sociales.
“Salta tiene las características de estar enclavada en un valle con dos cerros que la hace angosta, con más de 20 kilómetros. Es muy difícil encontrar tierras aptas para urbanizar porque ya estamos llegando a los límites de la ciudad de Salta”.
Eduardo Carral Cook – Secretario de Tierra y Bienes
En este sentido, invitó a reflexionar acerca de los costos de concretar una urbanización de estas características, con loteos sociales aislados donde sería difícil llevar los servicios. Como remedio, Eduardo Cook, planteó la posibilidad de apostar a “una urbanización planificada”, utilizando los espacios institucionales ahora tomados. Estos serían utilizados para instalar allí comisarias, escuelas, centros de salud “que son servicios que la gente demanda”.
“En principio siempre uno va a asentarse y está feliz, pero con el tiempo el pueblo reclama y reclama otros servicios dentro del loteo. No lo tienen porque fueron usurpados, porque la demanda habitacional es grande y vamos siempre corriendo nosotros atrás de la demanda. Por ello, la idea es ponernos al frente de la demanda, planificar loteos y urbanizaciones que puedan ir satisfaciendo de a poco las necesidades habitacionales de toda la ciudad y de toda la provincia sobre todo”, analizó.
Considerando esta realidad compartida e histórica, el secretario aseguró que “a corto plazo estaremos anunciando urbanizaciones nuevas y empezando a trabajar sobre ellas”.
¿Una mano negra?
El secretario de Tierra y Bienes, señaló que si bien “había gente necesitada, aguantando la situación con expectativas esperando tener respuesta del estado”, también muchas personas respondían a intereses superiores. “Si hay usurpaciones concretadas en menos de 48 horas, evidentemente está organizado, fogoniado por gente que quiere producir un rompimiento de todos los mecanismos que se activaron en estos tiempos para mantener la salubridad en la provincia de Salta”, advirtió.
Por este motivo, el secretario de Tierra y Bienes, instó a quienes se encuentran en los asentamientos, a que se inscriban primero en el IPV; esto permitiría clarificar la demanda habitacional. “Tienen que salir de los loteos, porque hay sanciones administrativas por decreto desde hace muchos años; quienes están de usurpadores en los terrenos pueden tener una sanción de hasta 10 años de no recibir beneficios del estado”, expresó.
Asimismo, realizó un llamado de atención en torno a las medidas de prevención de la salud que se encuentran vigentes y que en circunstancias como estas se ponen en riesgo. Paralelamente, denunció una interna que hoy rige dentro de los asentamientos. “Los insto a que dejen de estar pagando algo a alguien, ya que me llega mensajes que están pagando al que machetea el terreno porque tienen la expectativa que se van a quedar, a uno que anda haciendo listado de la gente y la verdad que no hay orden oficial de listado de nada”, afirmó.
Sobre el asentamiento de Parque La Vega y otros asentamientos colindantes
Eduardo recordó el procedimiento administrativo de acuerdo a las normas vigentes y leyes que están en curso, pensados para este tipo de casos. “En lo que respecta a la secretaria que está a mi cargo, hicimos las denuncias correspondientes en las comisarías y otras en la fiscalía. De ahí en más, el fiscal de estado es quien lleva las decisiones políticas y jurídicas. Los fiscales penales son los que ordenen los desalojos o no”, aclaró.
Con varios intentos fallidos tras desistir en la toma de terrenos, hasta el momento se contabilizaron seis o siete terrenos tomados y otros que son inundables. “Lo que le preocupa al gobernador son las familias que están bajo malos consejos, malos asesoramientos o de gente mal intencionada. Teme que los lleven y los asienten en lugares que en diciembre cuando empiecen las tormentas, es totalmente indudable el terreno”, adelantó.
Finalmente, el funcionario recalcó que “el estado no tiene intermediarios entre la necesidad de la gente y las autoridades”. “La gente tiene que personalmente dirigirse al IPV e inscribirse como corresponde. Y tener la paciencia de aguardar como la gente que tiene 10 años de inscripción, o incluso 15 años”, concluyó.
