SALTA (Redacción) – La doctora Sonia Escudero advirtió que el Comité Operativo de Emergencia (COE) «está tomando decisiones que no están publicadas en el boletín oficial y que tampoco tienen un respaldo legal». En ese sentido, la integrante del Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (Focis), también se refirió al abuso policial en la provincia. Allí, solicitó que se «constituya el Comité contra la Tortura«.
«El gobierno tiene que explicitar cuales son las normas»
«Lo que estamos advirtiendo es que tienen un efecto de restricción de libertades al tiempo de convertirse en medidas arbitrarias», señaló Escudero sobre las medidas del COE en dialogó con Salta4400. En este sentido, apuntó que desde el Focis: «Reconocemos el esfuerzo que ha hecho el gobernador, para controlar quien entra y quién sale. Hoy podemos circular por Salta, se han ido reactivando actividades y está bien. Pero las medidas de restricción de las libertades, de la circulación tienen que hacerse en forma legal».
De esta forma, apuntó que las decisiones deben ser: «Debatidas, de cara a la sociedad por la legislatura provincial y con control de la Corte de Justicia. Y eso es lo que estamos observando, cambio de reglas de juego, hay denuncias de abuso policiales, de abuso de autoridad y eso nos está preocupando mucho». «Por eso es la comunicación del Focis alertando y me parece que lo que el gobierno tiene que hacer, es explicitar cuales son las normas, cuales son las reglas de juego. Publicarlas para que toda la ciudadanía comprenda claramente», agregó.
Pedido por los abusos policiales
Por otra parte, la dirigente señaló: «El tema del abuso policial me parece que ahí es un problema grave en Salta». «Por eso me sumo al pedido que se le hizo al gobernador de constitución inmediata del Comité contra la Tortura. Es una obligación, hay un gran atraso y es el momento para que tome la decisión», solicitó. «La Argentina ratificó hace muchos años y es parte de la Constitución Nacional, la convención nacional contra los tratos y penas crueles inhumanos», agregó.
Sobre este pedido de un comité, agregó: «Eso tendrá facultades de investigación cada vez que se cometan este tipo de cuestiones. Pero además tendrá facultades para ir aconsejando cuáles son los protocolos y normas que se tienen que dictar para que esas cosas sucedan». Allí advirtió: «Si nosotros nos movemos con esta falta de transparencias y con normas que no están claras, con un comité que dicta normas que no se comunican, un comité que no tiene potestad para dictar normas, para restringir libertades ciudadanas, eso va camino al autoritarismo y a la grave violación de derechos».
En este sentido, la integrante del Focis, aseguró que este contexto: «Se está agravando durante la pandemia, pero eso ya viene por un problema crónico en Salta». «Tal es así que los familiares contra la impunidad que marchan todos los viernes desde el año 2011, muchos de los casos que ellos reclaman son casos de torturas policiales, abusos. Y todos son casos que nunca se resuelven», ejemplificó. Luego, señaló la denuncia de un joven golpeado y que el médico se negó a certificar: «Eso ya nos demuestra que hay toda una estructura de complicidad y cobertura frente a los abusos policiales».
«Si queremos una policía que cumpla con su deber tenemos que actuar todos»
«Si usted tiene la costumbre de ascender a los torturadores, obviamente la policía va a seguir siendo violenta y torturadora», describió Escudero. También argumentó: «Porque esa es la forma de ascender en la carrera. Aquí estamos hablando de responsabilidades muy graves y si un jefe mira para otro lado y declara que no hubo delito, cuando la tortura está absolutamente comprobada, eso son las complicidades y esos son los resultados que tenemos».
En tanto, reiteró: «Si queremos una policía que cumpla con su deber y que realmente respete los derechos ciudadanos, tenemos que actuar todos. Hay que construir el comité contra la tortura y hay que sancionar duramente a quienes cometen abuso de autoridad y abuso de poder». Ante la consulta de quiénes deberían integrar el organismo, concluyó: «Personas comprometidas con los DDHH, con las gestiones de seguridad. Hay que ver una composición que sea razonable, de personas que sean reconocidas para poder actuar con esta responsabilidad tan importante».
