SALTA (Redacción) – Desde mediados de abril, el Ejecutivo provincial se encuentra en el eje de la polémica a causa de la promulgación del Decreto 255. Esta normativa constantemente ha sido repudiada por la oposición y numerosos referentes de judiciales y de organismos de Derechos Humanos. Sin embargo, los funcionarios aseguraron que seguirá en vigencia. Frente a esta clase de políticas, indicaron que Avanza el compromiso para investigar la violencia institucional y los abusos policiales en Salta.
Esta fue una de las temáticas que abordaron el Procurador General de la Provincia, Dr. Abel Cornejo, y la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Salta, María Martínez Morales Miy. En este marco, ambos analizaron los resultados de las labores que ha efectuado la dependencia nacional en el distrito. Asimismo, también planificaron para intentar resolver las causas judiciales vinculadas a la violencia institucional.
Violencia institucional
Particularmente, los dirigentes celebraron la posibilidad de haber concretado esta reunión. En ese sentido, destacaron que se trata del primer encuentro presencial entre ambas partes, ya que Morales Miy ha inaugurado este cargo. De esta manera, la funcionaria remarcó que la área cumplirá con el deber de acompañar a las personas que realicen esta clase de denuncias. Además, enfatizó que esta decisión posee el aval del titular del área nacional, Horacio Pietragalla.
Al concluir esta actividad, la secretaría ponderó que «es muy importante trabajar en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de Salta». En relación a la charla, manifestó que estuvo orientada «para ver de qué manera se puede seguir trabajando juntos». Igualmente, aclaró que el principal objetivo de este vínculo será «esclarecer la enorme cantidad de casos que tiene la Provincia, con violencia institucional involucradas». Para ello, recordó que Derechos Humanos de la Nación dispone de la línea 0800-122-5878.
Por su parte, Cornejo ratificó el compromiso de la Procuración General con estos asuntos. Incluso, sostuvo que durante su gestión se lanzaron nuevas unidades fiscales que intervienen ante causas por abusos policiales. Entre estos, hizo alusión al crimen de Rosa Sulca, en el que numerosas autoridades y agentes de la fuerza quedaron bajo la lupa. Por último, adelantó que pretende que durante las próximas semanas empiece a funcionar la Oficina Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal.
