SALTA (Redacción) – Durante las últimas horas, la Justicia de Salta se hizo de una serie de graves acusaciones que recientemente trascendieron en los medios de comunicación del distrito. A raíz de ello, investigan si funcionarios de la Provincia robaron mercadería destinada a comedores y merenderos. Varios responsables de las organizaciones sociales de la ciudad mencionaron advirtieron públicamente sobre la disminución o falta de alimentos.
Durante las últimas semanas, varios medios de comunicación de la Provincia publicaron una serie de artículos periodísticos sobre las problemáticas que afectan a los comedores y merenderos en medio de la crisis económica y social que vive el país. En estos casos, los encargados de estas dependencias mencionaron que recientemente notaron la disminución de las partidas nutricionales que habitualmente reciben.
Incluso, algunos referentes sociales apuntaron directamente que no había obtenido los módulos que debían llegarles. En ese sentido, manifestaron que la máxima responsabilidad sobre la ejecución de estas políticas sociales se encuentra a cargo de los ministerios de Desarrollo Social. Justamente, señalaron a las cartera de la Nación y de Salta. A causa de esta recurrentes acusaciones, intervino la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke.
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Para ello, la fiscal penal argumentó el inicio de este procedimiento a partir de las facultades que forman parte del Código Procesal Penal provincial. Precisamente, la funcionaria pública recurrió al artículo 241 del texto. A raíz de este apartado, se habilita a que «conocida la noticia críminis, recibida la denuncia o iniciadas las actuaciones de prevención, la o el Fiscal practicará una averiguación preliminar para determinar las circunstancias del hecho».
De esta manera, confirmó que ya comenzó la indagación para verificar la veracidad de los testimonio que se efectuaron públicamente sobre el presunto robo de alimentos destinados a fines sociales. Al respecto, indicó que las acusaciones realizadas hasta el momento pesar sobre dos grupos de dirigentes. Por un lado, los damnificados cargaron sobre la responsabilidad de los funcionarios provinciales. Además, también aludieron hacia algunos miembros de organizaciones sociales.
