SALTA (Redacción) – El accionar de la PolicĆa viene siendo repudiado por distintos sectores. Las denuncias vienen siendo realizadas por la Comisión deĀ Derechos Humanos, elĀ INADI de Salta , y en la semana tambiĆ©n se expidió la SecretarĆa de Derechos Humanos de la Nación, dando un fuerte ultimĆ”tum al gobernador Gustavo SĆ”enz. Ahora se sumó el concejal Fernando Ruarte, quien ha cuestionado que desde el gobierno minimicen los casos de violencia.
Ruarte es concejal por la Ciudad de Salta representando al Frente de Todos, bajo esa bandera es que se mostró molesto con que el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, haya āminimizadoā los hechos de violencia institucional policial refiriĆ©ndose al 1% que significan los apremios denunciados. Ante ello Ruarte seƱaló que las cifras son meros nĆŗmeros sino se contempla la función para la que existe la PolicĆa, ya que su objetivo principalmente es cuidar la ciudadanĆa.
En tanto, la Agrupación HIJOS lleva contabilizados 17 casos confirmados de apremios ilegales, y sigue relevando datos, situación que fue expuesta a las secretarias de Derechos Humanos de Salta y de Nación, y en ambos casos repudiada por las mismas. El abogado y edil afirmó que la gente ya vivĆa una pandemia antes del Covid 19. Destacó que el hambre era uno de los principales flagelos, menos con facultades extraordinarias concedidas a los efectivos policiales, seƱala la información de FM89.9.
Pedido de la SecretarĆa de DDHH
La SecretarĆa de Derechos Humanos de la Nación, conducida porĀ Horacio Pietragalla Corti, y en conjunto con el directorĀ Nacional de PolĆticas contra la Violencia Institucional de la SecretarĆa,Ā Mariano Przybylski,Ā presentaron ante laĀ JusticiaĀ de la provincia una acción de hĆ”beas corpus preventivo y colectivo a favor de los salteƱos. Dentro de los principales motivos, se cuestionan las detenciones arbitrarias amparadas por el decreto 255.
Desde la sede nacional, entre las numerosas denuncias que se recibieron, se dieron curso a las que dan cuenta de detenciones arbitrarias «a partir de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad por el Decreto provincial N° 255/2020» firmado por el gobernador Gustavo SÔenz a principios de la cuarentena con el fin de evitar la propagación de coronavirus.







