SALTA (Redacción) – Tras las múltiples denuncias de abusos policiales y el repudio de algunos organismos así como de los legisladores provinciales, Nación evalúa la gravedad del decreto 255/2020. Todos coinciden que el mismo es inconstitucional. Por este motivo, el Comité nacional de Prevención Contra la Tortura tratará los casos que tengan a la Policía de Salta como protagonistas de los excesos.
Según consigna el DDN, el Gobierno Provincial se ha puesto a disposición del organismo de control. Cabe recordar que existe ya un hábeas corpus. A través del mismo se está tratando y reuniendo toda la información que pueda servir para probar las denuncias de la comunidad. Los derechos humanos se han vuelta por estos días en la prioridad de la Fiscalía del Estado, los legisladores, la comunidad misma y la Nación.
En 2019 se registraron 1600 denuncias por abusos policiales
Cabe recordar que el polémico decreto 255, surgió de manera extraordinaria para organizar los procedimientos de la policía en el marco de la pandemia y extender sus facultades. Asimismo, ha desatado un devenir de hechos. Éstos dan cuenta del descontrol, la violencia institucional, la discriminación y los excesos que caracterizan a las fuerzas de seguridad en la Provincia.
En una entrevista brindada a FM Noticias 88.1, desde el gobierno manifestaron que apelan a una «policía controlada». Si hay eventuales necesidades de modificar una ley que hemos sacado, obviamente lo vamos a hacer”, aseguraron.
¿Y la división de poderes?
Si bien el gobierno se mostró dispuesto a respetar todas las normas que establece la defensa de los derechos humanos, las cifras de casos testigos de abusos policiales en Salta expresan lo contrario. Es válido traer a colación las palabras de la flamante titular de la Fiscalía de Derechos Humanos en Salta, Verónica Siemesen Bielke. La misma entiende que el decreto es «preocupante» desde el punto de vista jurídico.
«El Poder Ejecutivo se ha robado facultades legislativas, lo cual está vedado por la Constitución Nacional. Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de materia penal. Acá se establece un régimen claramente sancionatorio en donde se establecen penas previstas en el Código Penal: la multa y el arresto, medida privativa de libertad que solo puede ser dispuesta por un Juez», explicó en su momento la fiscal.
Así la cosas, Nación tendrá la última palabra al respecto de esta disposición que espera durar tanto como lo haga la pandemia, poniendo en jaque los derechos humanos de la comunidad.
