SALTA (Redacción) En diálogo exclusivo con Salta 4400, Estefanía Buamscha, presidenta de la Red Argentina por los Derechos Humanos y la Inclusión Social, habló sobre la problemática de la violencia policial en Salta. Durante la entrevista explicó que hubo un aumento de casos en la provincia, al igual que en todo el país. Por este motivo, sostuvo que deberían realizarse varios cambios institucionales desde el gobernador para abajo para poder solucionar esto.
Como solución, la presidenta de RADHIS manifestó que deberían empezar a establecer reglas reglas claras para la intervención de la Policía. Para ella, debería ser fundamental que los efectivos policiales pueda explicar el sentido de la cuarentena, apuntando a la prevención, no a la represión. A su vez, indicó que es necesaria una reforma estructural policial para disminuir la violencia policial y que en ese marco, debería capacitarse en derechos humanos y la forma de intervención de esta institución en la sociedad.
El decreto 255
En Salta, la Policía obtuvo poderes especial mediante el decreto 255. El mismo establece que las fuerzas policiales pueden aplicar penas de arresto por 60 días y multas a quienes incumplan con las medidas durante la cuarentena. Sin embargo, Buamscha explicó que esto es un atentado contra las garantías mínimas de los derechos humanos, ya que las penalizaciones no cuentan con una intervención judicial.
Con respecto a eso, sostuvo que «no se pueden suspender las garantías
esenciales ni afectar los derechos determinados». Por eso, explicó que si esto se da por ley, debe ser una ley que no comprometa la esencia de estos
derechos y que no confiera la discrecionalidad de quien la aplica. En ese sentido, declaró que es fundamental en nuestra provincia que se derogue esta ley, ya que desde el 2017 tienen la ley de mecanismo local de prevención de la tortura.
¿Cómo se podría derogar este decreto?
«Primero los legisladores deberían declarar la inconstitucionalidad, presentarlo ante la justicia y que se declare la inconstitucionalidad», explicó. Ante la posibilidad de que la Justicia local o nacional no de lugar a la derogación, manifestó que podrían apelar a la justicia internacional. El problema de esto, según explicó la presidenta de RADHIS, es que lleva mucho tiempo. «Lo fundamental seria que lo modifique desde el gobierno
provincial», sentenció.