SALTA (Redacción) – La polémica que disparó la investigación periodística en torno a los funcionarios que solicitaron y en algunos casos, cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), continúa dando que hablar. De hecho, tras la reciente inspección a las oficinas de la Anses, se obtuvo información vital para avanzar en el caso que se encuentra ahora en manos de la Justicia Federal.
Todo comenzó con el conocimiento de algunos casos irónicos y singulares que despertaron las alarmas del Ministerio Público Fiscal. Mes a mes la lista se re dimensionó cobrando una extensión mayor e impensada con nombres y apellidos que involucran a tantos concejales, diputados e incluso intendentes. Finalmente, las autoridades hicieron lo propio para llevar luz a los múltiples casos.
En diálogo con Multivisión, el fiscal Toranzos dijo que pueden caber penas de 2 a 6 años de prisión. “La causa está enmarcada en defraudación a la administración pública, porque cobraron indebidamente un dinero que no les correspondía. Por esto pueden caber penas de 2 a 6 años de prisión”, sostuvo. Asimismo, dio detalles acerca de los procedimientos.
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— Ministerio Público (@FiscalesPenales) July 27, 2020
El MPF remite a la Fiscalía Federal la investigación sobre funcionarios que habrían cobrado el IFE https://t.co/DD4Q3s87w6
53 casos sospechosos y el procedimiento continúa
Toranzos agregó que la Justicia Federal pudo obtener información digital de las personas que se inscribieron y solicitaron el IFE. “Tenemos 53 casos sospechosos y pudimos discriminar tres grupos: los que pidieron y los rechazaron; aquellos que les aprobaron y no cobraron y los que estaban habilitados para cobrar y lo hicieron”. Agregó que se busca determinar el lugar físico desde donde se realizó el pedido.
“Por eso estamos buscando el IP para hacer un seguimiento, verificando el espacio físico desde donde se hizo, donde se cobró, a qué hora y en qué lugar”, sostuvo el fiscal. Cabe recordar que fue el fiscal federal, Ricardo Toranzos, quien dispuso la medida de entrega de información por parte de la Anses Salta. Se trata de datos claves en relación a los trámites que habrían realizado concejales, legisladores, funcionarios y demás a fin de cobrar el IFE.
Con investigadores del área de Delitos Económicos de Gendarmería y del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, esta diligencia se llevó adelante en las mismas oficinas. El trámite como sucedió, consta en la verificación de información de dichos trámites en las computadoras del organismo. Se trata de una «orden de entrega de información», la cual fue solicitada por la fiscalía al juez de Garantías, entre otros diligencias judiciales en el marco de la investigación.
