SALTA (Redacción) – Si bien el ingreso familiar de emergencia (IFE) resultó ser una gran compensación durante la pandemia para las familias y trabajadores que vieron vulneradas sus fuentes de trabajo, existe una realidad paralela en torno a él. Una realidad caracterizada por la impunidad y la viveza, el desacato y la ilegalidad. En este marco, funcionarios salteños de todos los colores se vieron involucrados en la causa que los tiene como los sospechosos de cobrar y solicitar el IFE. Por estas horas, la justicia toma cartas en el asunto en tiempo récord.
En una entrevista brindada a Radio Profesional 89.9, el fiscal federal Ricardo Toranzos que investiga a los 50 funcionarios que tramitaron el beneficio, dio detalles del proceso en el que se encuentra inmerso. El mismo busca esclarecer el horario y el lugar desde donde se realizaron las gestiones presuntamente ilícitas. El mismo informó que, siguiendo los procesos judiciales, en 15 días saldrá la imputación para los funcionarios que cobraron el beneficio.
Aclaró que en estos momentos se encuentran recolectando evidencias y que por ello asistieron el lunes pasado a las oficinas de ANSES. De hecho, se presentaron allí en la búsqueda de documentación. «Después de la investigación, se los llamará a una audiencia pública en donde se les informará de que se los acusa y las pruebas que tienen», indicó el fiscal. Por ahora, Toranzos explicó que están en la etapa de recolección del IP de las computadoras. Las mismas dan parte desde dónde partieron las solicitudes para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia.
Precisamente, el fiscal fue consultado al respecto del caso particular del actual jefe de la UDAI Salta y jefe de la Cámpora, Marcos Vera. Este último aclaró en diferentes medios que lo único que quiso es grabar un tutorial para informar el método de inscripción. Sin embargo, Toranzos aseguró que se está investigando el lugar geográfico y el horario desde donde se realizó el trámite. “Nadie hace un tutorial a las doce de la noche por ejemplo”, manifestó.
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— Ministerio Público (@FiscalesPenales) July 27, 2020
El MPF remite a la Fiscalía Federal la investigación sobre funcionarios que habrían cobrado el IFE https://t.co/DD4Q3s87w6
Duras sanciones: comienza la cuenta regresiva
Consultado sobre si podrían ser personas que quisieran perjudicar a los que hoy figuran como sospechosos, el Fiscal Federal dijo que para inscribirse no era necesario tener sólo el DNI. En esta línea, aclaró que también se necesita el CBU, clave de seguridad social. Además, aclaró que el dinero se depositaba en sus propias cuentas bancarias. De esta manera, el mapa se torna cada vez más claro y ajustado para quienes se hayan animado a probar el sistema.
Por todo esto, Toranzos destacó que los imputados pueden tener una condena de hasta seis años de prisión. Paralelamente, adelantó que en cinco meses habrá condena definitiva para quienes resulten culpables. El fiscal agregó que en el caso de los funcionarios, estos tendrían que haber sido excluidos porque forman parte de la administración pública y el sistema los excluye directamente. Por ello, recordó que en el caso de los funcionarios, deben respetar deberes del Estado y la omisión en su cumplimiento es un delito penal.
