SALTA (Redacción) – Lejos de haberse calmado las aguas, el mar se agita más y más causando réplicas de un tsunami que parece nunca acabar. Se trata del polémico decreto 255. Éste fue calificado previamente como “inconstitucional” y que puso en el ojo de la tormenta a la Policía de Salta. Todo esto surgió tras la confirmación de algunos casos de abusos policiales en la Provincia durante la pandemia.
Si bien los excesos policiales no resultado sólo de una situación extraordinaria, el alcance de las denuncias obtuvo una mayor exposición en la actualidad. Luego de que el Ejecutivo provincial firmara el decreto de necesidad y urgencia 255, las fuerzas de seguridad se vieron abaladas a tomar cartas en el asunto al momento de detectarse el incumplimiento de las normativas vigentes en el marco de la pandemia de Coronavirus.
Sin embargo, esta decisión fue repudiada por la comunidad, los legisladores, fiscales y hasta autoridades de nación. Todos y cada uno consideran que excede a las facultades del poder ejecutivo así como vulnera los derechos humanos. En este sentido, luego de varios intentos, otra vez se rechazó derogar la Ley 8191 basada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 255, centro de la polémica.
La delgada línea que divide los poderes
En una entrevista brindada a Radio Aries 91.1, Manuel Santiago “El Indio” Godoy criticó al oficialismo de la Cámara Baja por no querer discutir y tratar por cuarta vez consecutiva la propuesta para derogar la cuestionada normativa. De esta manera queda habilitada la Policía para detener como consecuencia de infracciones a las normas que rigen durante la pandemia. Por ejemplo, el no tener barbijo puede ser motivo de detención de hasta cinco días.
Godoy analizó que en la actualidad hay dos regímenes subsistentes en la provincia. Uo amparado por la justicia en el que interviene el juez, el fiscal, los defensores. Mientras tanto, otro en el que interviene el Jefe de la Policía, quien detiene y aplica multa. Por esta razón, Godoy criticó que el Ejecutivo provincial haya creado un régimen penal paralelo cuando no está dentro de sus facultades.
Por todo esto, agregó que si el Gobierno Provincial quiere crear Juzgados Contravencionales debe derogar la Ley 8191, para que no existan dos regímenes paralelos funcionando.
Salta, vergüenza nacional
A su vez, rechazó que funcionarios digan que no se detuvo a nadie bajo la aplicación de esta norma, cuando los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos corroboraron que hubo entre 7 u 8 casos de abusos policiales. El mismo recordó que todos están amparados en esta normativa en diferentes partes de la provincia.
Godoy afirmó que Salta es mirada como una vergüenza general por el Decreto 255. De hecho, recordó que la decisión recibió el cuestionamiento por parte de organismos de Derechos Humanos nacionales y provinciales. Además, hay un recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
