(Por Diego Nofal) – El diputado Juan Emilio Ameri, presentó una polémica iniciativa en el Congreso Nacional para despenalizar el consumo de drogas. El proyecto del ley lo tiene como único firmante y pide, entre otras cosas, que no se penalice a los consumidores ni a los microtraficantes que ingresan droga a nuestro país, un extremo que aún no se había tocado en las iniciativas de ese tipo.
Parece increíble que un diputado que viene de una provincia donde el consumo del paco en barrios como Solidaridad, Villa Primavera o San Antonio se volvió un problema casi incontrolable, no sólo quiera despenalizar a quienes son presa de la droga, sino que además pide que quienes ingresan las sustancias ilegales, no sufran castigo alguna en caso de que sean mujeres con hijos o en situación de vulnerabilidad. Es decir que cualquier mujer que transporte estupefacientes, pueda declararse víctima de las redes de narcotráfico o de la sociedad toda y no ser penada por el delito que está cometiendo.
El proyecto fue presentado en marzo de este año, pero con el advenimiento de la pandemia pasó desapercibido en el Congreso nacional y entre los periodistas especializados. Entre sus fundamentos establece que “la ley 23.737 fue redactada para penalizar al pequeño consumidor y dejar libre a los grandes eslabones de la cadena de la narco criminalidad. Esto ha provocado que en la práctica se imponga penas severas a los consumidores y se permita la continuidad de la actividad delictiva de los eslabones más altos dentro del tráfico de estupefacientes”. Algo que, en realidad, no es cierto, desde el fallo Arriola a esta parte, los consumidores son tratados como tales y muchas veces sobreseídos sin cargo alguno.
Pero lo más increíble de este proyecto, es que considera a quienes trafican y venden drogas en pequeñas cantidades, como una víctima de los grandes traficantes. Pide que deje de ser considerado delito, cuando el vendedor de drogas o el traficante es un adicto o una mujer en situación de vulnerabilidad. Lo extraño es que Ameri es diputado por Salta, una provincia adherida a la ley de microtráfico que permite condenar en la Justicia vernácula a los microtraficantes, por considerarlos un eslabón fundamental para hacer llegar drogas a los sectores más vulnerables.
“En la actualidad existen centenares de mujeres vulnerabilizadas a lo largo de todo el país con carga de familia que se encuentran penando por microtráfico de estupefacientes. Hasta el momento, no existe política pública alguna que ponga de relieve el elemento común que existen en estas condenas, que no es más que el abuso de la situación de vulnerabilidad que las tuvo por víctimas directas a las mujeres y por víctimas indirectas a los niños y niñas, ya que, sin haber tomado parte alguna, también cumplen condena junto a su progenitora”, señala el proyecto. Es decir que de prosperar esta iniciativa, cualquier mujer con hijos que está en una situación económica angustiante podría dedicarse a vender o a traficar drogas y ser considerada una víctima y no una delincuente.
“En muchos casos quienes purgan este tipo de condenas tienen consumo problemático de estupefacientes, con lo cual la cárcel no es aceptable como respuesta estatal. La respuesta no debe ser punitiva, sino de salud en estos casos”, agrega la iniciativa, de esta manera, tampoco se podría considerar un delincuente al vendedor de drogas que además de venderla la consuma.
Con esta norma, impulsada por el salteño, lejos de proteger a quienes tienen un consumo problemático se los estaría incitando, no sólo al consumo sino a vender drogas para mantener su adicción, amparados en la impunidad que le otorgaría esta norma.
