SALTA (Redacción) – El robo de caños del gasoducto NEA continúa generando repercusiones y el periodista de investigación Antonio Oieni brindó detalles sobre la investigación del caso. Apuntó sobre los involucrados y señaló que hay una connivencia policial, judicial y política alrededor del fraude millonario de más de 13 millones y medio de dólares. Además, remarcó que el escándalo que afectó a miles de salteños supera al intendente de Aguaray, Jorge Prado.
Como bien señala el DDN, el comunicador reveló cómo sigue el caso del robo de caños y según indicó: “Hasta el momento se han recuperado 339 caños. Algo más de 5 kilómetros y medio de caño”. Allí recordó el inicio de los sucesos: “El 23 de diciembre de 2019, el intendente de Aguaray, Jorge Prado, dictó una controvertida resolución, la 1215. Con la cual desafectó 35 kilómetros del Gasoducto NEA en su jurisdicción y cedió los tubos, costosísimos, cada uno cuesta 5 mil dólares, a una empresa Mendocina, OSYP S.A».
«Con el aval de esa resolución y otros remitos sacó los caños de la provincia, atravesó los controles de cinco provincias. Los llevó hasta Buenos Aires y otras provincias del centro del país, donde terminaron revendidos en el mercado negro», agregó Oieni. En este sentido, apuntó que: “En Mercado Libre los caños se terminaron vendiendo a un precio lineal por metro de 12700 pesos». «Por cada caño, terminaron vendidos, cada uno, aproximadamente a 160 mil pesos, un valor mínimo y nada comparable con la finalidad que tenía el Gasoducto NEA”, describió. Allí apuntó que valdrían 5 mil dólares.
Fraude millonario
En relación con lo último, el comunicador apuntó: “Son 35 kilómetros, 2734 caños, a 5 mil dólares cada uno, hablamos a grosso modo de un fraude de 13 millones y medio de dólares». “Estos caños son caños especiales para gasoducto fabricados por Tenaris, una de las empresas del grupo Techint”, completó. Según explicó: “Al rescindir el contrato con Vertúa, en marzo de 2017, el gobierno de Mauricio Macri rescindió ese contrato y en 2018 lanzó una nueva licitación para reactivar el tramo salteño. Se presentaron cinco oferentes, el Estado nacional descalificó a cuatro de las empresas y dejó en pie a Techint, que había presentado la propuesta más elevada». «Esa licitación cayó en agosto de 2018 y de ahí comenzó el gran saqueo”, describió.
La connivencia policial, judicial y política
“Todo es un chiste acá”, ironizó luego el periodista. Allí insistió sobre el origen de la estafa: «Este saqueo empezó, no por la resolución 1215 del Intendente, sino que empezó mucho antes. En septiembre de 2018, y que la resolución vino a perfeccionarlo». «Acá hay implicados de toda naturaleza”, aseguró. “Hay que aclarar que, desde septiembre de 2018, funcionarios de Integración Energética Argentina, la ex ENARSA, presentaron 19 denuncias de robos de caño. Lo hicieron en la comisaría de Morillo, también en Aguaray, en comisarías que no tenían recursos ni patrulleros, nada para intervenir, y nunca se recuperó un maldito caño», lamentó.
«Estas indolentes denuncias, como las calificó días atrás el fiscal general del distrito Salta, Eduardo Villalba, fueron para mí una suerte de coartada», apuntó. «Esto tendrá que investigarse porque fueron presentadas por inspectores de obras”, enfatizó el periodista. Al respecto, cuestionó: “¿Qué hacían en 2018 inspectores de obras? Si las obras estaban paradas. ¿No era mucho más lógico que estuvieran protegidos esos caños por fuerzas federales? Tratándose de un dominio del Estado nacional».
Diputados y senadores se desentienden
Siguiendo con sus declaraciones, reveló: “En los últimos días he podido acceder a algunas facturas según las cuales no solo los caños terminaron revendidos desde Quilmes y Berazategui, en el sudeste del gran Buenos Aires. Sino que también en algunos de los viajes, 15 caños terminaron en una empresa de Santa Fe que tiene como responsable a Rodolfo Abella. Otro tema que la justicia federal de Salta deberá investigar”.
“Es increíble la cantidad de connivencias que hay acá”, señaló Oieni. “Vera, antes de llegar a Salta, ya había saqueado los gasoductos importantes del país, desde 2018. Por ejemplo, hablamos del Gasoducto San Martín, de la zona de Comodoro Rivadavia, Chubut, donde robó cientos de caños que terminaron reducidos como comederos de vacas en fincas de Salta y Tucumán. También había saqueado un gasoducto en La Pampa, luego saqueó un gasoducto interregional que debía unir las localidades de Chilecito y Casa de Piedra, entre Catamarca y La Rioja. Y luego vino a Salta, pero antes había sido detenido en La Pampa y luego en Santa Fe por estafas masivas con cheques”, adviritó.
“Acá hay responsabilidades que trascienden a la fuerza política a la que pertenece Prado», aseguró. Allí, apuntó: «Basta ver el silencio que tenemos ante los proyectos de intervención que duermen en la Legislatura desde marzo, para darnos cuenta de que acá hay realmente un manto de protección importante”. “Diputados y senadores se desentienden de esta situación, pese a la gravedad institucional que está planteada en Aguaray”, acusó.
