SALTA (Redacción) – El interior de Salta se destapó durante lo que va de la pandemia. Como una olla a presión que en algún momento iba a estallar, sucedió. Cientos de casos de todos los colores en diferentes municipios y localidades. En el caso de Santa Victoria Este, un pueblo con tantas postergaciones como urgencias, el que está en la mira ahora es nada más y nada menos que el propio Intendente, Aldo Rojelio Nerón.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputó al intendente de Santa Victoria Este por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autor. El malestar de los caciques de la zona y los reclamos de la comunidad se venían gestando desde hace ya algunas semanas hasta que el cruce fue tal que la justicia determinó esta grave imputación.
La acusación se basa en la falta de respuestas al Concejo Deliberante sobre patrimonio, convenios, ingresos y egresos de fondos al Municipio y otras cuestiones vinculadas con el erario público; además de un supuesto abandono a las comunidades, denunciado por caciques de la zona. Por su parte, Nerón se presentó con defensa particular y declaró sobre algunas de las cuestiones.
El detalle de las denuncias
En su denuncia, los caciques afirmaron que el 29 de julio pasado, Nerón no respondió a los caciques sobre las consultas referidas a módulos alimentarios, pozo de agua y programa Ticket Hay Paz. La misma respuesta nula se registró al respecto de la copa de leche y coordinación de ANSES respecto de la atención al público de la ayuda social prevista.
A ello, sumaron el posible abandono de la viuda del exsecretario de Obras Públicas de Santa Victoria, Pedro Lozano, quien tiene 6 hijos y no cuenta con ayuda alimentaria. Sobre este punto en particular, Nerón aseguró durante la audiencia de imputación que ofreció empleo a un hijo de la viuda, pero no lo aceptó. A su vez, también aseguró durante la audiencia, que aportará la documentación correspondiente al estado patrimonial del municipio.
En tanto, la documentación también indica que no fue contestada la citación a informar con carácter de urgente, sobre la situación del establecimiento municipal. Tampoco lo hizo respecto al funcionamiento del COE y control municipal de los camiones entrantes y salientes atento a la situación pandémica del Covid-19. Asimismo, el Concejo también pidió documentación respaldatoria sobre ambulancias adquiridas por el municipio.
Lo mismo, solicitaron al respecto de los ingresos de ATN (Aportes del Tesoro Nacional); licitación y factura de cobros de antenas portantes en municipio; ingresos actuales del municipio, cantidad de personal de planta contratada, planta política y transitoria; contrato con agentes prestadores de servicios del municipio, bienes inmuebles a disposición; convenios con el Ministerio de Salud, Recursos Hídricos y Vialidad; situaciones de las aseguradoras y empleados municipales; novedades sobre presupuesto municipal por parte de la Auditoría General de la Provincia, entre otros.
¿Quiénes denuncian?
A las denuncias las radicaron el vicepresidente del Concejo Deliberante de Santa Victoria Este, Samuel Gilobero y Abel Mendoza. Éste último lo hizo en representación del Movimiento Indígena; el mismo está integrado por los caciques Mateo Torres (Santa María), Leopoldo Gaby (Alto la Sierra), Gabriel Lozano (Pozo el Tigre), Marcos Lucas (Misión la Puntana); también por Laurencia Peres (viuda de Pedro Lozano, exintegrante del Gabinete Municipal), Ignacio Pérez (cacique) y Juan Frías (secretario).
