SALTA (Redacción) – Uno de los temas más calientes en este último tramo, fue el que disparó una investigación periodística acerca del cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte de múltiples funcionarios. Luego de algunas semanas, la investigación para dar con los responsables encuentra respuestas que buscan compensar lo sucedido y hacer justicia.
En este sentido, se conocía ayer que dos ediles del Concejo Deliberante de San Lorenzo fueron expulsados. Un pedido del Intendente de ese municipio, solicitó una sesión especial para determinar los pasos a seguir. Si bien la junta electoral serán quienes determinen el reemplazo de los ediles, los mismos se vieron obligados a dar un paso al costado. Se trata de Mónica Melisa González y José Reynaga.
Fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes
Mientras tanto, desde la Justicia Federal, a pedido del fiscal Ricardo Toranzos, la Oficina Judicial lleva adelante las tareas para realizar en breve la audiencia de formalización de la investigación penal contra los acusados. En este sentido, desde la Justicia confirman que en esta primera instancia la audiencia se realizará contra 19 funcionarios públicos.
Los mismos están acusados por los presuntos delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. A su vez, aseguraron que el número de imputaciones podría crecer en los últimos días. Cabe recordar que al momento de iniciarse la investigación surgieron los nombres de 52 funcionarios y legisladores involucrados.
Por el momento, San Lorenzo fue el primer municipio que actuó y destituyó a sus dos concejales acusados de cobrar la ayuda extraordinaria del gobierno de $10.000. Esta situación podría replicarse para otros referentes que resultasen culpables. De hecho, el fiscal Toranzos a cargo de la investigación, explicó que podrían caber de 2 a 6 años de prisión por defraudación a la administración pública.
