SALTA (Redacción) – Hace pocas horas el Senado de la Provincia aprobó por unanimidad la intervención del municipio de Aguaray y el ahora exintendente Jorge Enrique Prado se expresó al respecto. En primer lugar señaló que no estaban dadas las condiciones para que lo desplacen de su cargo y aseguró que no había pruebas en su contra. Cabe recordar que el dirigente es el principal apuntado por el robo de caños del gasoducto del NEA y se encuentra imputado. El interventor del Ejecutivo local todavía no fue confirmado y asumiría en los próximos días.
«No estaban dadas las condiciones jurídicas»
De esta manera, Jorge Prado realizó una publicación de Facebook y comentó su postura sobre la intervención del municipio que ordenó la Legislatura de Salta. «Como es de conocimiento público hoy se intervino mi cargo al frente del Ejecutivo Municipal de Aguaray«, comenzó el posteo. Luego, planteó: «A modo personal considero que no estaban dadas las condiciones jurídicas ni legales para tomar esta medida».
«Sin tener ni siquiera pruebas de lo que se hablaba y se juzgaba, ya no importa…», consideró Prado desde las redes sociales. «Me despido y dejo el cargo a la persona que tomará posesión la próxima semana y dirigirá los destinos de Aguaray hasta el 10 de Diciembre de 2021, deseándole éxito en todo», agregó. Además, envió un particular mensaje a la población. «Me disculpo si a grupos de vecinos no supe entender, mi idea jamás fue dividir ni generar odio en nadie», cerró.
«Yo creo que es político, que hay intereses personales dentro de la política que quiere la intervención de Aguaray. Están planteando lo que es la comodidad y no respetando el voto popular de un municipio», había expresado el ahora exintendente en una nota con Salta4400 este martes. Y del mismo modo, Jorge Prado había advertido: «Estamos en alerta los intendentes por esto, hoy me toca a mí, mañana puede ser otro».
Intervención hasta las elecciones
Por último, tras la media sanción que recibió en Diputados, el Senado aprobó el proyecto de ley de forma unánime con 22 votos a favor y 0 en contra. Esta normativa permitirá que se intervenga el Ejecutivo de Aguaray hasta diciembre del 2021. Según precisaron los legisladores, el futuro interventor ocupará el cargo hasta ese momento porque las condiciones epidemiológicas y sanitarias no permiten adelantar las elecciones.
