SALTA (Redacción) – El secretario de ambiente de la Provincia, Alejandro Aldazábal, firmó la resolución 333/2020 y desató la polémica. Ya que con esta medida elimina a determinados proyectos de desmontes y tala de presentar informes de impacto ambiental. Además, los exime de realizar las audiencias públicas obligatorias. Cabe precisar que está previsto para aquellos emprendimientos de hasta 1500 hectáreas.
“El gobierno busca quitar obstáculos para continuar desmontando”
Esta resolución firmada por Aldazábal se basa en una interpretación de la Ley Nacional N° 26.331 de Protección de Bosques Nativos. Allí la normativa sostiene que “la evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte”. Sin embargo, que ese estudio será pertinente solo para aquel “manejo sostenible” que cause “impactos ambientales significativos”. Diversos especialistas reclamaron los efectos negativos que conllevan para el medio ambiente.
Como bien informa el DDN, la encargada de la campaña de bosques del NOA de Greenpeace, Noemí Cruz, explicó el objetivo que conlleva quitar audiencias públicas. “El gobierno lo que busca es quitar obstáculos para continuar desmontando”, describió sobre la quita de los estudios de impacto ambiental para los silvopastoriles de hasta 1500 hectáreas. «No está respetando lo que establece la ley de bosques”, aseguró Cruz.
En el mismo sentido, expuso que la mencionada Ley de Bosques busca garantizar el cumplimiento de los artículos 18 al 21 que pretenden asegurar la participación ciudadana. “Desde todo el análisis que hemos hecho de estos sistemas, en el Norte, es que resultan ser desmontes encubiertos”, denunció. Cabe señalar que los sistemas silvopastoriles son aquellos en los que se combina la producción ganadera con parte del bosque.
«Van a pasar desapercibidos porque no habrá forma de que la gente se entere”
“Estamos pidiendo un informe a Nación para saber el estado actual de los ordenamientos de las provincias”, apuntó Cruz sobre la situación del reordenamiento territorial. “Al no haber audiencias públicas todos esos proyectos van a pasar desapercibidos porque no habrá forma de que la gente se entere”, reclamó, por su parte, el doctor en Ciencias Ambientales, Andrés Leake. Además, señaló que con este tipo de disposiciones la Provincia además erosiona el libre acceso a la información ambiental enmarcado en la Ley 25.831.
