(Por Diego Nofal) El lobby de Martín Grande por el uso de dióxido de cloro lo está llevando a límites rayanos con lo ridículo. Tanto así que reprodujo en su cuenta de Twitter, su discurso en la Cámara baja durante el debate del Presupuesto 2021. “Solicitamos junto con otros compañeros diputados, que el Gobierno realice investigaciones científicas sobre el dióxido de cloro para determinar su posible utilización, antes que nos obliguen a vacunarnos con vacunas de dudosa efectividad”, posteó el parlamentario junto a un video.
“Un diputado dentro de este recinto habló de los millones que el país tiene preparado para esta vacuna (contra el COVID-19) que se hizo a las apuradas de la cual nos vamos a tener que hacer cargo nosotros de los efectos colaterales, todos los argentinos”, dijo desconociendo absolutamente las reglas de la extensión de jurisdicción que pidieron los laboratorios. Según el diputado los laboratorios no deberían responder si la vacuna generara efectos no deseados, algo que no es así.
“Trató de irresponsable a la colega Mónica Frade –continuó- por haber dicho que consumía dióxido de cloro, no es la única diputada que consume somos muchos los diputados los que consumimos dióxido de cloro para facilitar nuestra tarea y no contagiarnos del bicho de porquería ese. Lo que no dice el diputado, es que muchos hemos pedido que en el país se investigue con certeza por parte del estado el uso del dióxido de cloro”.
“Pero no se investiga, si se lo trata livianamente como una porquería, un veneno que le hace mal a la gente. Somos miles de argentinos los que consumimos y no nos hace mal, así que la diputada Mónica Frade no es ninguna irresponsable. Vamos a gastar millones en una vacuna que yo no me voy a poner, quizás hubiera sido mucho más barato investigar el dióxido de cloro”, dijo anticipando que usaría el inoculante ruso.
“Inmunidad jurídica”
Algo de verdad tienen las declaraciones de Martín Grande, tal como lo dice Chequeado, en el supuesto caso de un daño, se hace cargo el Estado de la demanda con fondos compensatorios especialmente designados en el Programa Nacional de Compensación por Lesiones por Vacunas, pero eso es algo común a todas las vacunas que se aplican en el país y no sólo a esta. Pero las leyes no son iguales en todos los países, y más allá de los convenios internacionales para el desarrollo de las vacunas, cada país responde por su población con sus leyes.
“En la Argentina, darle inmunidad legal a un laboratorio es imposible en términos fácticos y en términos jurídicos. La Constitución y el Código Civil plantean que cuando hay un daño hay derecho a pedir una reparación integral de ese daño”, explicó el abogado Ignacio Maglio, jefe del Departamento de Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz y coordinador del área de Promoción de Derechos de la Fundación Huésped. La transferencia de responsabilidad del privado al Estado “es imposible”, agregó Maglio al sitio que se encarga de combatir las Fake News.
