SALTA (Redacción) – Durante la tarde del miércoles se produjo una novedad en el marco de la causa contra el exintendente de Aguaray, Jorge Prado. Ya que personal de la Gendarmería realizó un allanamiento en la casa de sus padres. Como bien se informó, este martes terminó detenido acusado del robo de caños del gasoducto NEA. Además, está imputado por mal ejercicio de sus obligaciones de funcionario público y administración fraudulenta.
Pocas horas después de la inesperada detención del destituido intendente de Aguaray, la fuerza de seguridad arribó a la vivienda de los padres de Prado para requisar el lugar por orden judicial. Según trascendió allanaron la casa en busca de más evidencias y elementos que podrían incriminar más al dirigente detenido este martes. También podría complicar al resto de los imputados y a los vinculados a su administración municipal.
Sin embargo, cabe mencionar que el contador y ex secretario de Hacienda de Aguaray, Fredy Céspedes, también fue allanado en su domicilio. En este sitio, trascendió que Gendarmería secuestró dos computadoras y un teléfono celular. Como se informó en Salta4400, el arresto de Prado, del funcionario y del empresario mendocino Diego Alos tuvo lugar a el pedido del fiscal federal Eduardo José Villalba. Por su parte, el juez federal de Garantía de Oran, Gustavo Montoya, amplió la imputación para Prado por cerca de 24 millones de pesos de las arcas municipales sin comprobar durante su gestión.
Los argumentos de la detención
Desde la Justicia Federal solicitaron la prisión preventiva de Prado para evitar que entorpezca las pruebas pendientes en la causa por el millonario robo de caños del Gasoducto NEA. En tanto, el fiscal Villalba apuntó que existen muchas probabilidades de que, llegado al fin del proceso, Prado reciba una pena de prisión efectiva. Este fue otro de los argumentos que llevo al mencionado juez a disponer finalmente la detención preventiva.
Por último, el funcionario federal remarcó las pruebas reunidas en contra de todos los acusados en la causa. De este modo destacó la declaración de un imputado colaborador, así también resaltó informes de pericias y otras testimoniales que se recolectaron en las últimas semanas. Y por estas nuevas pruebas, la fiscalía ratificó la acusación en contra de Prado, Céspedes y Alos. Los delitos son robo agravado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado.
